Estamos asistiendo a un histórico cambio en las relaciones político – administrativas en las entidades que dependen de las alcaldías y las gobernaciones. Esa ruptura en las relaciones del poder público, al que todos en una democracia desean acceder directa o indirectamente, se está produciendo a partir de la elección de Daniel Quintero Calle. Porque no es preciso decir que a partir de las elecciones de 2019, pues frente a la relación del gobierno de Aníbal Gaviria Correa con Teleantioquia, nada se dice, aunque sean iguales a las del gobierno de Quintero con Telemedellín y similares a las relaciones de sendos gobiernos locales y departamentales con sus canales de televisión, desde 2019 hacia atrás.
Todos los alcaldes de Medellín y todos los gobernadores de Antioquia han designado a sus respectivos gerentes de Telemedellín y de Teleantioquia, y estos, con la aquiescencia del alcalde y del gobernador de turno, han designado a su director de noticiero, al equipo de reporteros de dicho noticiero y a los directores y realizadores de los diferentes programas que conforman la parrilla de programación, que cada gerente diseña, como diseña su nueva imagen, coherente con el eslogan de la nueva administración. Esa ha sido la innegable realidad siempre.
La diferencia de ahora es que a la resistencia política que genera Daniel Quintero en algunos partidos, movimientos, sectores económicos y medios de comunicación, se suma el prurito de algunos periodistas de mostrarse como “críticos audaces”, “enemigos del poder”, en defensa de lo que vulneran con el prejuicio de que todo lo que es público tiende a ser corrupto, indecente y mentiroso: el compromiso ético con la verdad.
Esta vez han reaccionado en lo que se conoce como “solidaridad de cuerpo” con un periodista que no comprendió la lógica de haber llegado a su cargo de la mano de una gerente, que le pidió la renuncia a otro periodista que llegó con la gerente anterior, y ahora debe darle paso a un periodista que llega con un nuevo gerente que reemplaza a su gerente.
Aunque suena a jerigonza, es fácil de entender. Pero no queriéndolo hacer, el periodista dolido levantó la bandera de la supuesta violación a la “libertad de prensa”, a sabiendas de que es una “carnada” difícil de soslayar por esa “solidaridad de cuerpo” que Javier Darío Restrepo, máximo referente en asuntos de ética periodística en América Latina, criticaba cuando algunos la enarbolan para respaldar una condición privilegiada que les permita ponerse por encima de los hechos que les son adversos y hasta de las leyes.
“Se sabe de casos en los que periodistas, tras la armadura de la libertad de expresión, pretenden burlar la justicia. O el de asociaciones gremiales que, frente a un recurso de amparo constitucional o acción de tutela, tuvieron la arrogancia de afirmar que ese instrumento legal no procedía contra la prensa”, decía Javier Darío Restrepo, reclamando humildad y prudencia en el uso y defensa de ese derecho fundamental.
Por supuesto que Javier Darío Restrepo insistió siempre en la importancia y la necesidad de que los periodistas cumplan con su papel veedor, fiscalizador y crítico de las acciones de los agentes públicos. Pero sin pretender convertir el periodismo en un poder intocable, recurriendo, paradójicamente, a ligerezas, imprecisiones, exageraciones e, incluso, falsedades para obtener el abrazo solidario y conservar una posición.
Estamos asistiendo a un extraño momento en la vida política y administrativa de Medellín y de Colombia, en el que la costumbre, legal por supuesto, dejó de ser un hecho real para convertirse en ficción o en cuento de hadas.
Como si los actos y decisiones de anteriores alcaldes y gobernadores no hubieran sido los mismos: Federico Gutiérrez, Aníbal Gaviria (ahora como Gobernador y cuando fue Alcalde), Alonzo Salazar, Sergio Fajardo (como Gobernador y como Alcalde), Luis Pérez (como Alcalde y como Gobernador), Juan Gómez (como Alcalde y como Gobernador) y, por supuesto, Sergio Naranjo (como Alcalde creador de Telemedellín), conformaron sus propios equipos periodísticos y de realizadores.
Y nadie -que no pretenda aprovechar la oportunidad de aparecer como adalid de la defensa de una supuesta violación a la libertad de prensa- puede fingir ahora que no se imaginó que cada administración contó con la lealtad de su gerente y de su equipo de periodistas y realizadores. Esto es, que no pretendieron desde adentro del canal del Municipio o del Departamento horadar la imagen del Alcalde o del Gobernador. ¡La hipocresía no puede llevarnos tan lejos en la mentira!
Ahora, ello no quiere decir que quienes estuvimos en esa posición inocultable, hayamos deseado actuar orientados por principios básicos como el del interés general y la búsqueda de la verdad, hasta donde la lealtad lo permitiera… O mejor: hayamos decidido actuar en contra de esos principios por lealtad. ¡Tampoco!
La hipocresía y la falsa moral no pueden negarnos la posibilidad de que esto ocurriese, llevando a algunos a tomar la decisión de renunciar, mejor, en busca de la independencia y el respeto a la verdad y al interés general, que la obvia subordinación pudiese limitar.
Daniel Coronell frente a la Revista Semana y el mismo Javier Darío Restrepo frente a El Colombiano, son la muestra de que la subordinación es una realidad inobjetable pero soslayable, si va en contra de principios.
Incluso hoy, directores y periodistas de los diferentes medios de información privados que salen airados a señalar con su dedo índice olvidando que tres dedos de su propia mano señalan hacia ellos, saben que tienen restricciones en sus propios medios, que son apéndices de grupos empresariales que no soportarían la deslealtad de ver atacados sus intereses económicos, por más gritos de libertad e independencia que lancen ahora desde la orilla donde el agua todavía no los moja.
Y aún más: no pueden negar los directores y periodistas de estos medios el lobby hecho por ellos mismos y sus directores de ventas a las diferentes administraciones públicas en busca de apoyo económico. Eso también lo sabemos todos. Y no vale la pena, por respeto a los colegas, publicar los ejemplos.
Parece claro, entonces, que las relaciones político – administrativas en las entidades que dependen de las alcaldías y las gobernaciones no serán ya las mismas, esperando que -como se lo sueñan muchos con elecciones populares de procuradores, contralores, personeros y hasta fiscales- los gerentes de los siete canales regionales, del Canal Capital y de Telemedellín, no sean designados por su jefe, el Gobernador y el Alcalde.
