Como una medida preventiva dirigida a garantizar que el gasto se ajuste a la disponibilidad real de ingresos, frente a la eventualidad de que, al final del año, el recaudo tributario resulte inferior al proyectado, el Gobierno nacional aplazó gastos por 20 billones de pesos (1,2% del PIB), garantizando así el cumplimiento de la Regla Fiscal, en línea con el Plan Financiero 2024.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “este aplazamiento presupuestal no afecta proyectos de inversión previamente contratados, que se encuentran en fase de ejecución. Tampoco tiene efectos sobre los sectores de educación, salud y defensa”.
Mediante el Decreto 766, el Gobierno nacional definió el aplazamiento presupuestal y explicó que este contempla, principalmente, partidas de funcionamiento y cubre algunas asignaciones de inversión aún no comprometidas.
Según el Ministerio de Hacienda, la Regla Fiscal es un instrumento de planeación financiera del Gobierno nacional, que tiene como objetivo establecer metas puntuales sobre el balance fiscal en función del nivel de deuda pública, garantizando la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.
La cartera de Hacienda indicó que “con ello se busca minimizar su impacto sobre la ejecución de programas de gobierno estratégicos, asociados con el impulso de la actividad económica y la transformación productiva con justicia social y justicia ambiental, con la cual está comprometido este Gobierno”.
Anunció que el equipo económico continuará haciendo un riguroso seguimiento de la ejecución presupuestal, para identificar el comportamiento de las cifras fiscales y, con base en ello, en caso de ser necesario, adoptar los correctivos requeridos para preservar la sostenibilidad financiera estatal en un marco de responsabilidad fiscal.
Este Decreto se centra en las asignaciones que no ponen en riesgo la puesta en marcha de programas estratégicos de inversión pública en lo que resta del presente año.
El 67% de esta medida recae sobre gastos de funcionamiento (13,4 billones de pesos) y el restante 33% sobre el presupuesto de inversión (6,4 billones de pesos).
En inversión, se aplazan partidas dirigidas a programas que son viables de ejecutar en las próximas dos vigencias, de tal modo que ello no afectará el cumplimiento de las metas estratégicas del programa del Gobierno.
Esta medida fue avalada por el Consejo de Ministros en pleno y, por tanto, sus repercusiones sectoriales específicas pueden ser informadas a la opinión pública por parte de los ordenadores del gasto en cada cartera.
