Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Para decirlo sin rodeos: no hay solo bandas emergentes, también un creciente fenómeno de rearme de los grupos paramilitares al servicio del narcotráfico. Pruebas al canto: lo que está pasando en el Bajo Cauca, en Urabá y en alguna medida en Medellín y su área metropolitana. ¿La razón? el proceso de reinserción fracasó en parte del departamento de Antioquia y ya es hora de asumir responsabilidades.
Fracasó porque involucra problemas estructurales como el del narcotráfico, tema descuidado en este proceso; porque la centralización impide que municipios y departamentos jueguen un papel más activo y por la ausencia de políticas públicas de largo plazo que frenen los paliativos de coyuntura. Además, por decisiones políticas del gobierno central que se convierten en escollos para el proceso (es el caso de las extradiciones no valoradas en sus efectos, como que frustraron la aplicación con eficiencia de la Ley de Justicia y Paz). También por mecánica administrativa y legal evidenciada en la proliferación de entidades estatales concurrentes en su objetivo, por la tramitología y los celos interinstitucionales. Hay que redistribuir las responsabilidades y los recursos entre los entes territoriales y desmontar muchas entidades nacionales
Otros problemas: avanza el exterminio de desmovilizados, se incrementan los atentados, se generaliza el miedo en comunidades urbanas y rurales y crece la intolerancia social frente a los desmovilizados.
Se requiere precisar que queda del proceso de reinserción y como se evitará que el renovado fenómeno del paramilitarismo y sus alianzas con la guerrilla no aniquilen lo ya logrado. ¿Cuándo entenderá el Gobierno Nacional que este no es un problema solo de la Fuerza Pública? ¿Cuándo va a llegar al fondo de esta problemática?
En un consejo de seguridad liderado por el Presidente en el municipio del Carmen de Viboral, hace 2 años y medio, advertimos: no se trata de exhibir elevadas –e infladas- cifras de desmovilizados; se trata de que la razón de ser de las AUC está intacta y el narcotráfico hace peligrar el proceso de reinserción.
Este es el escenario: la mayoría de los desmovilizados de los bloques de paramilitares se rearmaron, están huyendo o escondidos para salvar sus vidas, o se pusieron al servicio de bandas delincuenciales. ¿A quién, sino al Gobierno Nacional, le cabe tal responsabilidad? Es claro que éste se valió del asunto para mostrarle a la comunidad internacional un proceso de paz artificial. Entonces se firmaron acuerdos que bordearon los límites de la Constitución y de la ley. Los mismos que fueron ignorados por el ejecutivo, aunque aparecía como su defensor a ultranza mientras municipios, comunidades, desmovilizados y víctimas se aletargaron, producto de la incapacidad y las maniobras oscuras del entonces Alto Comisionado Luís Carlos Restrepo, quien todavía le debe muchas explicaciones al país.
Es hora de formularle un llamado a los desmovilizados que son empujados a la guerra pero que se rehúsan, para que unifiquen esfuerzos por la paz y los acuerdos incumplidos y para buscar que la comunidad internacional intervenga para frenar un inminente baño de sangre. Lo que aquí denunciamos tiene que convocar la solidaridad ciudadana y la responsabilidad institucional. El desarme y la desmovilización real del paramilitarismo, el debido tratamiento al problema del narcotráfico, la reconstrucción del tejido social, la construcción de agenda para la reconciliación y la recuperación de la confianza en las instituciones, exige una tercería que debe tratarse con la mayor cautela y responsabilidad democrática.
Finalmente debemos advertir que los actores ilegales también han aprendido de las experiencias frustradas, de modo que podríamos estar en la víspera de otra feroz confrontación. Preocupa que la OEA afirme que el 75% de los desmovilizados que han vuelto a delinquir están vinculados a algún programa de reinserción. ¡Sin comentarios!
