Por: Margarita Restrepo
Hoy hace un año, 6.431.376 colombianos concurrimos a las urnas para decirle NO al acuerdo entre Santos y Timochenko. Todas las proyecciones indicaban que el gobierno, gracias a su maquinaria y a la mermelada que hizo rodar por todo el país, se impondría con el SÍ.
Pero el pueblo, en su sabiduría, no se dejó engañar ni manipular. El NO ganó contra todos los pronósticos, razón por la que el gobierno de Juan Manuel Santos estaba obligado a hacer un nuevo acuerdo.
La Jurisdicción Especial de Paz era, sin lugar a dudas, el principal motivo por el que pueblo votó en contra. Resultaba inaceptable la existencia de un tribunal como ese, en el que a los victimarios –las Farc- se les garantizará la impunidad, mientras que los colombianos de bien, los miembros de la Fuerza Pública y en fin, todos los ciudadanos, serán llevados a él, en virtud de la amenaza que acaba de lanzar la presidenta de dicha entidad, la señora Patricia Linares quien notificó que cualquier persona puede ser requerida por la JEP, porque según ella, “todos hicimos parte del conflicto”.
Durante la campaña del plebiscito advertimos que la JEP sería un tribunal de la inquisición, en el que los inocentes, para evitar penas de 20 o más años, serían forzados a confesar crímenes que jamás cometieron.
Es un tribunal del odio, de la vindicta, un mecanismo para destrozar en los tribunales a todos los que se opusieron al accionar violento de los criminales. Lo que las Farc no lograron con sus bombas, sus extorsiones, sus desplazamientos forzados, sus secuestros, claramente lo alcanzarán con la JEP. En contra de ese engendro, votamos cerca de seis millones y medio de colombianos.
A la brava, con el respaldo decidido de las Farc, Santos se robó el resultado de las urnas. Le hizo un par de cambios de tipo cosmético al acuerdo, para luego golpear las puertas del Congreso de la República, donde las mayorías santistas refrendaron el fraude.
Ante semejante cadena de arbitrariedades, los colombianos no podemos quedarnos cruzados de brazos. La Constitución prevé el mecanismo del referendo de iniciativa ciudadana para derogar reformas constitucionales. En ese sentido, la semana pasada, las senadoras de mi partido, Paola Holguín y Paloma Valencia inscribieron ante la registraduría un comité promotor que empezará, cuanto antes, a recoger firmas con el fin de que se convoque un referendo para que los ciudadanos deroguen los esperpentos que Santos y Timochenko le han introducido a nuestra Carta.
Son 3 propuestas concretas: la JEP, el blindaje jurídico de las Farc y la participación en política de los terroristas. Para hacer realidad dicho referendo, requeriremos, una vez más, del respaldo de los ciudadanos que el 2 de octubre del año pasado le hicieron frente al poder omnímodo de Santos, votando por el NO en el plebiscito que fue desconocido de forma arbitraria.
Si aquella vez tuvimos el respaldo de 6.4 millones de colombianos, en esta ocasión, estoy segura, contaremos con el respaldo decidido y entusiasta de millones de compatriotas.
Somos más los que queremos a una Colombia sin terroristas gobernándonos. Somos más los que nos oponemos a que el país quede sometido al yugo macabro de un mecanismo de vindicta política disfrazado de tribunal de justicia. Unidos trabajaremos sin descanso para aprobar arrolladoramente los artículos que serán sometidos a referendo.
