La crisis económica mundial que se avecina amenaza las inversiones en grandes proyectos de infraestructura que se tienen programados. Pescadero Ituango, tan importante para nosotros, no será la excepción.
Álvaro Vásquez, gerente del IDEA, ha venido afirmando desde cuando dirigió la toma hostil de la empresa Pescadero, que se tenía garantizado que empresas extranjeras como Alcoa y Vale do Río Doce estaban sumamente interesadas en el proyecto, pero esta expectativa se aleja por cuenta de las pésimas noticias que la crisis económica mundial nos depara.
La agencia de noticias AFP envió a sus abonados en el mundo el siguiente despacho: “El gigante estadounidense de aluminio Alcoa anunció el martes la suspensión definitiva de la producción de una planta de fundición en Texas, y el despido de más de 600 trabajadores, debido a las condiciones difíciles del mercado”, semanas atrás había despedido a 160 trabajadores. De otra parte la agencia de noticias Reuters dijo desde el 16 de octubre que “el mercado mundial de aluminio afrontaría cambios fundamentales porque los productores han recortado su producción o congelados sus proyectos de expansión ante los bajos precios y la desaceleración del crecimiento económico global, dijo Alexander Bulygin, presidente de la United Company Rusal, mayor productor de este metal”. Recordemos que una de las motivaciones de Alcoa o de Vale do Río Doce es la posibilidad de montar una planta de aluminio en Urabá con la energía de Pescadero.
Vale do Río Doce, la gigante brasileña del aluminio también está en dificultades: El 31 de octubre pasado anunciaron “recortes en su producción de mineral de hierro, níquel y alúmina en Brasil y en otros cuatro países, ante la perspectiva de una caída de la demanda por la crisis financiera internacional”. Claudio Mendoza de Business News Americas, dijo el pasado lunes que “La crisis financiera mundial está obligando a la minera gigante brasileña Vale a reducir la producción y los gastos en numerosas operaciones alrededor del globo.
”Guillermo Perry lo había pronosticado en el periódico El Tiempo: “Lo que se avecina es duro. El acceso al crédito externo privado está virtualmente suspendido por causa de la crisis financiera internacional. Los flujos de inversión extranjera decaerán en alguna medida debido a las dificultades que padece la mayoría de los inversionistas internacionales y del menor crecimiento de nuestra economía”.
En medio de este panorama que exige a las instituciones como el IDEA un manejo ortodoxo, se equivocaron el gobernador de Antioquia y el gerente del IDEA al arrebatar el control del proyecto Pescadero a las Empresas Públicas de Medellín, estas últimas mucho mejor preparadas para afrontar las obligaciones, riesgos e incertidumbres que demanda un proyecto de esta magnitud.
Pescadero está frente a un inminente riesgo comercial. La recesión que se inicia y que nadie sabe cuánto durará, ya comienza a afectar a Colombia, disminuirá la demanda de energía eléctrica y un proyecto que hoy se encuentra previsto para el año 2018 muy posiblemente no se necesitará sino hasta tres o cuatro años después, lo cual implica una disminución grave en las utilidades del mismo.
Todos los anteriores análisis llevan a concluir que de una manera irresponsable se llevó al IDEA a un escenario equivocado, en el cual se comprometió (sólo en la cuota inicial) con cerca del 40% de su patrimonio en una aventura desproporcionada para su tamaño, desenfocada de su razón social y desconocida para su experiencia empresarial.
En conclusión: está descartado que Pescadero se construya directamente por sus dueños mayoritarios: ni el IDEA ni el Departamento tienen músculo económico para acometerla, y hacerla por el sistema de construir, operar, mantener y transferir, que fue la última propuesta del IDEA para que un tercero la construya y luego de 25 años la devuelva previa una prima a los dueños de 800 millones de dólares, se va esfumando con la crisis financiera mundial.
Nada difícil que el IDEA se vea enfrentada a una iliquidez por cuenta de las costosas capitalizaciones que demandará el proyecto en los próximos dos años, antes que pueda vender su participación accionaria o que pueda conseguir socio solvente para realizar la obra. Este es un escenario posible y de resultar la pregunta es: ¿quién responderá por los recursos públicos que pasaron a enriquecer a unos particulares?
