En los últimos años en este país, pensar, opinar o actuar contrario a lo que preconizan, piensan y ordenan los altos heliotropos y algunos otros estamentos, equivale a enfrentar la falsa sindicación, el menosprecio, el ostracismo y la pérdida de la pauta publicitaria, si se trata de medios de comunicación.
En este contexto, puede resultar hasta entendible – aunque de ninguna manera justificable – que pequeños y medianos medios se plieguen a esas exigencias, directas o veladas de los poderosos, o que por física necesidad tengan que someterse.
Pero que lo hagan los también super poderosos medios como Caracol y RCN, tanto en radio como en televisión, y los principales periódicos encabezados por El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El País, entre otros, sí causa desconsuelo y permite afirmar que en Colombia, si bien hay libertad de prensa, desde el punto de vista político, no la hay de ninguna manera desde el punto de vista periodístico.
Es cierto que aquí no se cierran periódicos, ni emisoras, ni canales de televisión, pero lastimosamente sus dueños sí cierran esos necesarios espacios a la verdadera y legítima información a la que tienen derecho sus lectores, oyentes y televidentes.
Todo el preámbulo anterior vale para hacer algunas consideraciones acerca del debate realizado el pasado martes en el Senado de la República por el legislador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo, quien con documentación a la mano, hasta ahora no rebatida, reveló escandalosas situaciones alrededor del controvertido programa Agro Ingreso Seguro.
La mayoría de medios, en especial los regionales, desecharon lo denunciado por Robledo, y más bien prefirieron darle gran despliegue y espacio a un proyecto de ley que, a manera de cortina de humo ese día presentó el gobierno, mediante el cual habría sanciones severas para quienes incurrieran, en el futuro, en irregularidades dentro de Agro Ingreso Seguro.
Es decir, le dedicaron todo su empeño a algo que ni siquiera ha comenzado a ser estudiado y que nadie sabe si en medio de los tenebrosos y nefastos intereses que se mueven en el Congreso, será finalmente aprobado.
A propósito de este escándalo y de lo anteriormente escrito, vale la pena señalar que las familias Dávila, Abondano, Vives, Lacoture, Holguín y otras favorecidas con el multimillonario regalo del gobierno, no pautan publicidad en los medios, por lo que resultó muy fácil para todos ellos mencionarlas con insistencia, sin ningún temor. Al fin y al cabo ninguna de ellas es anunciante.
No ocurrió lo mismo con otros agraciados beneficiarios, como los dueños de grandes ingenios azucareros y con el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, sobre quienes se tendió un caritativo manto de silencio, a pesar de haber sido favorecidos con el multimillonario regalo gubernamental.
El senador Robledo denunció que empresas filiales del Grupo Aval, propiedad de Sarmiento Angulo, recibieron en el departamento del Meta más de $ 7 mil millones de pesos por intermedio de tres de sus empresas filiales, esto es el 41% del total de los subsidios regalados en ese departamento. El nombre de las empresas y el subsidio recibido son las siguientes: Palmeras del Llano: $ 1.191 millones; Unipalma de los Llanos: $ 3.621 millones; y Organización Pajonales: $ 2.443 millones.
Pero como el Grupo Aval es poderoso anunciante, los medios de comunicación callaron descaradamente y seguirán callando, pues para eso están de pararrayos los otros terratenientes que no pautan, es decir, los Dávila, los Abondano, los Vives, los Lacoture y los Holguín.
