“¿Ha sido o no eficaz y eficiente el Sistema Penal Acusatorio en el Municipio de Medellín?, se preguntó el concejal, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, en sesión plenaria de este miércoles, 8 de julio. Para que respondan su inquietud, el Corporado conservador propuso que sean invitados la directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Martha Cecilia Penagos Penagos; el presidente de ASONAL Judicial en Antioquia, Luis Fernando Otálvaro Calle; la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura e integrante del Comité General del Centro de Servicios de Medellín, Elcy Ángel Castro; la coordinadora del Centro de Servicios Administrativos del Sistema Penal Acusatorio en Medellín, Mónica Lucía Vásquez; el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán. En un debate que ilustre a la Corporación sobre el funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio que entró en vigencia en Medellín el 1 de enero de 2008, los invitados deberán exponer a la Corporación en pleno, los siguientes interrogantes:
¿Cómo ha sido el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio en Medellín? ¿Han contado sendas entidades con todos los recursos necesarios para la aplicación del Sistema Penal Acusatorio? ¿Se encuentra capacitado el personal de las entidades para afrontar los retos que impone el Sistema Penal Acusatorio? ¿Se ha afectado el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio con el ingreso y salida del personal que labora en él, debido a las listas de elegibles en los diferentes concursos de méritos? ¿Qué fortalezas y debilidades se han presentado en el nuevo Sistema frente al Nuevo Código de Procedimiento Penal expedido por la Ley 600 de 2000? ¿Ha logrado el Sistema Penal Acusatorio imprimir celeridad a los procesos que se venían adelantando? ¿Ha habido la descongestión judicial que se esperaba? ¿Qué impacto ha tenido el Sistema Penal Acusatorio frente a la impunidad en el Municipio de Medellín? Frente a las garantías de las partes e intervinientes en el Sistema Penal Acusatorio, ¿se ha logrado algún cambio con su implementación? ¿Cuáles son las causas que conllevan a la declaratoria de ilegalidad de las capturas, con la consecuente libertad de aquellos presuntos infractores de delitos tan graves como atentados contra la vida, la libertad, la integridad personal, el pudor sexual, entre otros, que generan un mensaje negativo frente a la sociedad? ¿Se han tomado medidas para superar esta situación? ¿Qué medidas han tomado sendas entidades frente a la amenaza de que el Sistema Penal Acusatorio colapse?
El nuevo Sistema Penal Acusatorio, que tiene vigencia en el país desde el 1 de enero de 2005, ha buscado resolver el problema de la justicia penal en Colombia. La Ley 904 de agosto de 2004 que le dio vida, se fundamenta en el derecho de todo ciudadano a un proceso “público sin dilaciones injustificadas, así como a presentar pruebas y a controvertir las que se allegue en su contra”; se basa, también, en la obligación de la Fiscalía General de la Nación de adelantar las acciones penales y las investigaciones de los hechos, cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del delito.
Este Sistema -que se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos contentivos de normas superiores relativas a los principios de publicidad, oralidad, celeridad, inmediación y contradicción propias del sistema acusatorio- debe ser evaluado conforme al respeto a dichos derechos, pero consecuente con la aplicación de justicia oportuna, de tal manera que se puedan enfrentar los altos índices de impunidad que afectan la ciudad.
“Su seguimiento, evaluación, control y mejoramiento continuo, es una urgencia, precisamente en momentos en que Medellín enfrenta gran inseguridad, siendo la Rama Judicial señalada por autoridades civiles y de policía como responsable de los bajos niveles de judicialización”, concluye el concejal Nicolás Albeiro Echeverri.
