A diferencia de las cifras de homicidios, de accidentes de tránsito, de desempleo y de otros problemas sociales, la cifra de familias que viven en zonas de alto riesgo en Medellín, se mantiene, pese al también aumento de desplazamientos forzados hacia grandes ciudades como la capital antioqueña. Según el “econcejal” de Medellín, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, siguen siendo 35 mil las familias que se encuentran viviendo en zonas de alto riesgo, pero las labores preventivas de la Administración por medio del Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres –SIMPAD- y las políticas preventivas debatidas y aprobadas en el Concejo, no se evidencia el incremento de ciudadanos en riesgo.
Desde octubre pasado el SIMPAD hizo más de dos mil visitas de prevención de riesgo, atendió 1.100 familias con orden de evacuación y realizó más de 100 obras de mitigación. Sin embargo, el “econcejal” Echeverri Alvarán insiste en que el Municipio debe fortalecer sus políticas de prevención de desastres, encaminadas a proteger la vida de los ciudadanos en épocas de inminentes catástrofes como la invernal del año pasado. Pero al mismo tiempo solicita que se exijan requisitos estrictos, para evitar que los beneficios lleguen a inescrupulosos, dejando por fuera a verdaderos damnificados.
“27 billones de pesos en pérdidas como consecuencia del “Fenómeno de la Niña” en toda Colombia, es uno los mejores indicadores de que el invierno exige acciones preventivas para salvar vidas y evitar pérdidas de viviendas y de zonas productivas. Por eso, se deben establecer alertas tempranas, mediante radares o censores que anuncien los movimientos de la tierra, y poder realizar acciones efectivas oportunamente”, dice el “econcejal” Echeverri.
El Coordinador de la Bancada Conservadora del Concejo de Medellín recuerda la necesidad de respetar la naturaleza, para evitar hechos tan dolorosos como los 82 muertos de La Gabriela, en Bello, donde el mal uso de las aguas produjo filtraciones y la posterior tragedia.
Espera que el análisis detallado de los decretos de Emergencia Social, Económica y Ecológica, permita al Gobierno Nacional -previo concepto de las autoridades judiciales que están evaluando la constitucionalidad de los mismos- determinar su alcance en materia de reforma a las corporaciones autónomas regionales –CAR-.
“Por supuesto, es muy importante conocer el efecto real que los decretos de Emergencia tenderán en las CAR y, subsecuentemente, en el manejo ambiental y preventivo de sendas regiones de impacto. Por eso, en el Concejo analizaremos el tema con los directores de CORNARE, CORANTIOQUIA, CORPOURABÁ, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las ONGs ambientales, este martes, 22 de febrero”, concluye Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.
