Por: Luis Pérez Gutiérrez

Los impuestos parecen un deporte nacional para los gobernantes. Al mínimo descuido de la ciudadanía, algún impuesto hacen aprobar o aumentan los existentes por encima de lo justo.

El Concejo de Medellín, a solicitud de la Alcaldía, aprobó el Acuerdo 67 de 2008, y allí impuso el Impuesto al Teléfono que hoy se cobra a quienes utilicen el teléfono fijo de UNE. Para motivar la competencia del Concejo con el fin de imponer ese tributo telefónico, se invocaron las leyes 97 de 1913, 84 de 1915 y la Ordenanza 84 de 1914. Al mínimo novato en gestión pública, le crearía sospecha que normas de hace 100 años todavía estuviesen vigentes. Los Concejales aprobaron el Acuerdo y el Alcalde Salazar lo firmó e inmediatamente a cobrarlo.

Los impuestos a los teléfonos se han establecido en varias ciudades de Colombia y han sido decretados ilegales sucesivamente. Incluso, un impuesto sobre la telefonía celular para ayudar al Deporte a nivel nacional fue declarado también ilegal.

La Gobernación de Antioquia demandó ante el Honorable Tribunal Administrativo la nulidad del Acuerdo 67 de 2008 que impone el impuesto al teléfono. El Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia conceptuó que las normas de los años 1913, 1914 y 1915 citadas para imponer el tributo, perdieron aplicabilidad pues carecen de los requerimientos previstos en la Constitución Política de 1991. Y el 17 de febrero de 2010, con la Firma de los Honorable Magistrados Beatriz Estella Gaviria, Jairo Jimenez y Jorge Octavio Ramirez, fallaron y declararon sin validez los artículos 102, 103 y 104 del Acuerdo 67, que no es otra cosa distinta que dejar sin validez el impuesto al teléfono.

Era una decisión que se veía venir. Sorprende que Alcalde, Oficina Jurídica del Municipio, y los Concejales con sus asesores no hayan avisorado esta ilegalidad que ya había ocurrido en otras ciudades de Colombia, y que hayan perjudicado, y sigan perjudicando, a toda la ciudadanía, pero en particular a la más necesitada que es la usa más la telefonía fija.

Lo grave es que el impuesto se empezó a cobrar, se está cobrando y se sigue cobrando, haciendo caso omiso al fallo del H. Tribunal.

El Impuesto a la Telefonía, hoy sin validez, le ha sacado del bolsillo miles de millones de pesos a los ciudadanos y a las empresas usuarias de la telefonía fija. Y a pesar de que hace casi un año, el Honorable Tribunal lo declaró inválido, aun hoy UNE lo sigue cobrando a usuarios residenciales y no residenciales.

Qué pasara con los miles de millones que se han recogido a los ciudadanos por un impuesto declarado sin Validez? En estos casos deberían existir instrumentos más expeditos para defender al ciudadano, y evitar que por tecnicismos jurídicosle sigan cobrando tributos ilegales, y más aún, para que le devuelvan lo que se ha cobrado sin validez. No es bueno que el gobierno de el mal ejemplo de imponer tributos con vacíos legales y sobre todo, que los empiece a cobrar de inmediato, como un aventon para recoger dineros mientras lo declaren ilegal.

Y Otra duda adicional. UNE cobra este impuesto a todos los ciudadanos de los municipios donde presta el Servicio. Cobra no solo en Medellin sino también en Oriente Cercano y en todo el Valle del Aburra. Parece también ilegal que el Concejo de Medellín decrete un impuesto al teléfono y que se cobre en 20 o más municipios donde UNE presta el servicio. Resulta sorprendente que un impuesto decretado en el Concejo de Medellin, se cobre a los usuarios de El Retiro o de Envigado o de otros municipios.

Tiene que existir una norma que proteja al ciudadano de funcionarios alcabaleros, que ven en el abuso de los impuestos un instrumento de liderazgo.