En efecto, como lo anunciara en Sinergia Informativa Carlos Mario Molina Betancur -aspirante a ser magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Luis Guillermo Guerrero, quien termina su período en septiembre-, el Alto Tribunal está teniendo mucho trabajo estudiando la legalidad y la constitucionalidad de lo que llamó “hemorragia de decretos” expedidos en el contexto de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La Corte Constitucional, cumpliendo con su rol de reguladora del poder público y garante de la Constitución de 1991, revisó el Decreto Legislativo 568 de 2020, con el que el gobierno del presidente Iván Duque creó el “impuesto solidario”. Según el Decreto declarado inexequible, los funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados que ganen más de 10 millones de pesos mensuales, debieron aportar entre un 10 y un 20% de ese salario o pensión para los colombianos más desfavorecidos con la pandemia del coronavirus.
Este “impuesto”, con el cual el Gobierno aspiraba a recaudar 287.000 millones de pesos en el año, ha sido declarado inconstitucional por la Corte, por cinco votos contra cuatro, con ponencia de las magistradas Gloria Ortiz y Cristina Pardo Schlesinger.
El Alto Tribunal de la Jurisdicción Constitucional dijo que la decisión de inexequibilidad tiene efectos retroactivos, pero que los funcionarios públicos, contratistas y pensionados a quienes se les hizo el descuento de sus nóminas, encontrarán resarcido su derecho y recuperado su dinero en el impuesto de renta para la vigencia 2020, que se pagará en 2021.
“Ha habido mucha premura y mucha falta de coherencia. Ha sido una hemorragia de decretos y de normas impresionante en los últimos tres meses y, por tanto, se han comedido diferentes errores constitucionales y legales”, dijo el jurista Carlos Mario Molina Betancur, a quien ahora la Corte Constitucional le da la razón con la declaratoria de inconstitucionalidad del “impuesto solidario”, que es apenas uno de las muchas decisiones del Ejecutivo que algunos califican de arbitrarias y que han corrido en medio de esa “hemorragia de decretos”.
