“Mi voto es negativo, porque soy coherente”, es la primera consideración del diputado conservador, Alfaro García. Recordó que hace un mes, los diputados de Antioquia devolvieron el Proyecto de Ordenanza 012 que busca autorizar al gobernador Luis Alfredo Ramos para emitir y colocar Bonos de Deuda Pública, porque les pareció que la Gobernación no les había ofrecido suficiente claridad sobre la destinación de 230 mil de los 500 mil millones de pesos en que se valoraron dichos Bonos. ¿Para cuáles obras de infraestructura?
Explicó el diputado García Mejía que la secretaria de Infraestructura, María Cristina Mesa, se había limitado a informar que el departamento “tenía muchos problemas viales”, y hasta hoy no ha precisado cuáles son las necesidades de las subregiones, los municipios, los corregimientos y las veredas. “Con el agravante que a la fecha no sabemos en qué se invirtieron los 120 mil millones de pesos para atender la emergencia vial decretada por el Gobierno, aprobados en la Ordenanza No.5 de 2008”, enfatizó.
¿Para cuáles obras de saneamiento ambiental?
Alfaro García espera que Carlos Arturo Betancourt, Gerente de Aguas de Antioquia, les diga a los diputados cuánto de los recursos de los Bonos se destinará a programas de saneamiento del sector rural, porque es claro que el Plan Departamental de Aguas tiene diseñados sus planes maestros de acueducto y alcantarillado, sólo para el sector urbano.
“El otro agravante –dice Alfaro García- es que, mediante Ordenanza 20 de 2008, la Asamblea aprobó 233.371 millones de pesos de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y 110 mil millones con recursos del crédito, para la Bolsa de Recursos de 52 de los 100 municipios del Plan Departamental de Aguas”.
Para el sector educativo tampoco se justificaron las necesidades prioritarias, afirmó el diputado García.
¿Dará tiempo la Ley de Garantías?
Otra preocupación del diputado de “Uniendo Fuerzas” del Partido Conservador, es si el proceso de oferta de Bonos, tanto para la realización de los estudios pertinentes como para la colocación, puede superar el tiempo establecido por la Ley de Garantías Electorales. Si es así, entonces se pregunta: “¿No se impedirá la ejecución de las obras hasta después de las elecciones de marzo de 2009, dejando recursos ociosos, que podrían ser utilizados en otros proyectos de inversión que satisfagan necesidades apremiantes?”.
Además de las anteriores inquietudes referentes al uso específico de los recursos de los Bonos de Deuda Pública, le queda la preocupación al diputado Alfaro García de la decisión de los diputados que se limitaron a resolver sus mismas inquietudes, definiendo la proporción en la que se invertirán los recursos: un 60% para infraestructura vial y el restante 40% para saneamiento y educación.
“Por eso mi voto sigue siendo negativo: porque es coherente”, concluyó Alfaro García.
