La rúbrica presidencial bastará para que Jorge Iván sea extraditado hacia los Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Sur de La Florida lo juzgará por los cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína en ese país.
La tarea de la jurista será demostrar que él no es el peligroso narcotraficante que la justicia norteamericana dice que es y que, de darse su extradición, se estaría condenando a un hombre que laboraba a doble jornada, pues además era contratista de la Alcaldía de Rionegro (Antioquia), a fin de cubrir sus obligaciones crediticias (que a la fecha eran bastante altas) así como con los gastos de manutención de su hijo de siete años, su madre y sus dos sobrinas, con las que convivía.
Mientras este lío se resuelve, Jorge Iván, próximo a cumplir 33 años de edad, pasa sus días recluido en una celda de máxima seguridad de la Cárcel de Combita, Boyacá. En el seno de su familia aguardan con resignación el desenlace de esta historia, la misma que aún no alcanzan a comprender y que ya acabó con la tranquilidad, la armonía y hasta la salud mental y física de sus integrantes.
Lo paradójico es que si bien contra Jorge Iván no cursa ninguna investigación preliminar ni ningún proceso judicial en su contra por parte de la justicia colombiana y decenas de testimonios de familiares, amigos y ex compañeros de trabajo han ratificado su comportamiento siempre ajustado a la Ley, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió, el pasado 3 de junio, concepto favorable al pedido de extradición formulado por la justicia norteamericana.
La pregunta entonces es, ¿cómo puede llegar un hombre, agobiado por las deudas, con dos trabajos a cuestas y quien nunca ha salido del país, a ser considerado por la justicia norteamericana como parte importante de una peligrosa estructura criminal dedicada al narcotráfico?
El encuentro peligroso
El 5 de diciembre de 2008, la Policía Nacional de Colombia reportó la captura de 15 miembros de una peligrosa red dedicada a la elaboración y tráfico de heroína y cocaína. Las detenciones se produjeron en el marco de la operación “Fénix II”, que fue ejecutada conjuntamente con miembros del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA) y en la que los investigadores llevaban desde el año 2006 tras la pista de los presuntos narcotraficantes.
Entre los detenidos, cuyos arrestos se efectuaron en las ciudades de Medellín, Manizales, Bogotá y New York, figuraban 12 personas con pedidos de extradición por parte de los Estados Unidos. Entre ellos aparecen Jorge Iván Herrera Bedoya, alias Pocillo; Juan Carlos López Ortega, alias Jota; Juan Fernando Cardona Arboleda, alias Gafas, Erika Paulina Ocampo, Miguel Ángel Paniagua y Jorge Iván Arango Yepes.
El Distrito Sur de La Florida, mediante acusación sustantiva 08-20436-CR-Graham(S) sindica a todas estas personas de ser integrantes de una estructura dedicada al tráfico de drogas dirigida por Julio César Montoya Ramírez, alias El Flaco, considerado el responsable del envío de más de 50 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos y quien no fue detenido en esta operación.
Uno de los acusados es Jorge Iván, quien sólo ha sostenido en toda su vida un par de encuentros con alias El Flaco, ambos en diciembre de 2007, cuando éste era un reconocido comerciante de electrodomésticos y dueño de varios locales en el Centro Comercial El Diamante, ubicado en el occidente de Medellín.
“En octubre de ese año, él había comprado accesorios para computador por valor de seis millones de pesos. Una tía nuestra le prestó la plata y otro tío que vive en Venezuela se los había mandado de allá. Como no lograba venderlos, alguien le recomendó que fuera al (Centro Comercial) Diamante que allá se los compraban. Resulta que allá conoció a este señor Julio César, quien resultó comprándole los accesorios”, cuenta Marta Lucía Arango, hermana de Jorge Iván.
Alias el Flaco giró un cheque por valor de cinco millones de pesos el 12 de diciembre, a nombre de la tía que había prestado el dinero. El cheque fue devuelto el 17 del mismo mes por falta de fondos, razón que obligó a Jorge Iván a comunicarse de nuevo con alias El Flaco para acordar el pago de la mercancía.
“De ahí acordaron que apenas tuviera el dinero se comunicaba con mi hermano y así fue. En enero de 2008 le dio la plata en efectivo. ¿Será que por haber hecho un simple negocio con este señor, entonces mi hermano ya es un narcotraficante? No lo creo”, asegura Marta Lucía.
Pero otra cosa piensa la justicia norteamericana, pues en la Nota Diplomática 3307 del 4 de noviembre de 2008 pide su inmediata captura y posterior extradición. “No sabemos qué pruebas tengan ellos contra Jorge Iván, pero lo cierto es que él nunca ha salido del país, tiene miles de deudas, es una persona común y corriente, no un narcotraficante”, agrega la hermana.
Las acciones jurídicas emprendidas por la familia Arango Yepes tampoco han tenido mayor éxito, ni siquiera el hecho que los detenidos durante la operación Fénix le enviaron una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que aseguran no conocer a Jorge Iván Arango Yepes y afirman que él no hace parte de ninguna red mafiosa.
“Nosotros no teníamos plata para pagar un abogado. Estuvimos más de tres meses sin quien nos defendiera. De repente se comunicó con nosotros la abogada Nury López, quien conoció el caso y dijo que nos representaría sin cobrarnos un peso. Pero parece que la respuesta de la Corte Suprema es que, como el problema es con la justicia de Estados Unidos, pues aquí no tiene deudas con la justicia, entonces que responda allá”, explica Marta Lucía.
Drama familiar
Durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez han sido extraditados más de 800 ciudadanos colombianos, principalmente al país norteamericano, para que respondan por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Entre los casos más sonados se cuentan los de los 14 ex jefes paramilitares que participaron en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano entre 2002 y 2005 y que permitieron la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). También sobresalen la de los guerrilleros de las Farc Ricardo Ovidio Palmera, alias Simón Trinidad, y Anayibe Rojas, alias Sonia, y de los narcotraficantes Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, y Diego León Montoya, alias don Diego. En lista de ser extraditados se encuentran el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias don Mario.
Si bien para algunos sectores de opinión la extradición se ha convertido en un mecanismo que está truncando importantes procesos judiciales en Colombia relacionados con la violación a los derechos humanos, como en el caso de los paramilitares donde se privilegió el delito de narcotráfico sobre los crímenes de lesa humanidad, para el Gobierno colombiano lo anterior constituye un indicador positivo que refleja la efectividad de las autoridades nacionales en su lucha contra el tráfico de drogas.
Pero la familia Arango Yepes, que sintió esta discusión como algo alejado de su cotidianidad, expresan que en el caso de Jorge Iván se está cometiendo un “falso positivo judicial”.
“No sé si será por el Plan Colombia que necesitan mostrar resultados, que están extraditando gente como en el caso de mi hermano, que es totalmente inocente”, refuta Marta Lucía.
