Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Espectáculo no es solo el que dan en los conciertos, en los cines, en algunos programas de televisión, en el teatro o en los circos, ahora también causan divertimiento público o atracción muchas actuaciones de algunos funcionarios que día a día se van tomando los titulares de noticieros y periódicos para anunciar la imputación de cargos o la solicitud de detención preventiva o la acusación de alguna persona, por regla general, cuando pertenece a algún movimiento político o hace parte de uno de los grupos que han captado dineros del público sin devolverlos o de algún integrante del llamado carrusel de la contratación en Bogotá, que viene desde hace varios años y sigue para rato.
Es entendible que haya cierto tipo de actividades que por su naturaleza son mediáticas, es más, por ello es que existen, si no fueran difundidas por los medios de comunicación casi de seguro que ni existirían.
Muy distinto es el asunto de la justicia. No debería ocurrir lo que ocurre. Cada día más se ve a funcionarios anunciando, notificando por los noticieros que tal o cual persona será objeto de una investigación de tipo penal, que va a solicitarse en su contra una medida de aseguramiento, es un desfile permanente que nada tiene que envidiarle a un concurso de cualquier reinado o a un programa de humor, donde el humorista está a la espera que su homólogo termine su chiste o su número para salir a contar el suyo, y claro, esperando el máximo premio que cualquiera de ellos pueda recibir: aplausos y risas.
Recientemente, un funcionario de la fiscalía, el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Julián Quintana, ofreció, un espectáculo, aquí sí como se dice, con todas las de la ley: el 26 de mayo de este año, obviamente en una rueda de prensa, calificó a Luis Alfonso Hoyos, ex asesor espiritual de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, de ser el autor intelectual de las interceptaciones de los negociadores de las Farc que hacen parte del proceso de paz en La Habana (Cuba), número este que causó sentimientos de distinta índole: de alegría, de tristeza, de asombro, de curiosidad, declaraciones que tuvo que rectificar, porque así se lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá, como consecuencia de una acción de tutela que la defensa del ex asesor interpuso por una presunta vulneración a la presunción de inocencia y al debido proceso, que a la postre no fue presunta sino real. No se debieron dar esas declaraciones y menos por este funcionario.
Quien sea presunto infractor de la ley penal puede ser investigado y juzgado y este a su vez goza de las garantías que constitucional y legalmente le están reconocidas: derecho a un debido proceso, al de defensa, entre otros, pero un proceso penal es un asunto serio, que tiene formalidades que deben cumplirse y la primera de ellas es precisamente aquella que indica que debe haber cautela y prudencia a la hora de iniciar una investigación y que ella debe ser comunicada al interesado cuando así se quiere, pero ha hecho carrera el que el o los perjudicados se enteran por los medios de comunicación sobre lo que se les viene encima.
Cuando no es que algunos abogados, defensores de reconocidos potenciales investigados o procesados hacen el suyo, informando, también por medios de comunicación, que van a recusar a tal funcionario o denunciando falta de garantías (lo que en muchos casos es cierto) o que su defendido no acudirá a determinada diligencia judicial. Estas actitudes se adoptan al interior del proceso, en las correspondientes audiencias, que son el escenario natural para estos debates, donde la fiscalía realiza su papel y la defensa el suyo.
Quien desee enterarse de lo que ocurre en muchos ámbitos de la sociedad actual, le recomiendo la obra de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, y podrá hacer un parangón de lo que allí se dice con lo que ocurre con la justicia en Colombia, que también ha entrado en este tipo de civilización.
