Por: Margarita María Restrepo
Esta semana se escribió un nuevo capítulo de la persecución que padece el uribismo en los diferentes niveles. Cada vez es más evidente la utilización del intimidante aparato judicial como herramienta de constreñimiento a quienes creemos en la ideas del ex presidente Álvaro Uribe.
Son muchos los casos de funcionarios, colaboradores y líderes uribistas perseguidos infamemente por la justicia política al servicio del Gobierno de Juan Manuel Santos.
La guerra que Santos le ha declarado al uribismo se libra en desigualdad de armas. En un lado está un presidente altamente impopular que ha llenado sus vacíos corrompiendo a la clase política, a la justicia y a los medios de comunicación, y en el otro estamos los uribistas que tenemos un discurso y un amplio respaldo popular. Mientras la justicia política de Santos libra ordenes de arresto contra inocentes uribistas, nosotros solo tenemos capacidad de denuncia y de rechazo por la infamia que se comete contra nuestros compañeros de lucha ideológica.
Son muchos los que se han visto obligados a emprender el doloroso camino del destierro, buscando protección y cobijo en naciones respetables que, conscientes de las arbitrariedades del Gobierno Santos, no han dudado en conceder asilos a quienes los han solicitado. Otros, que ingenuamente creyeron en la cuestionada majestad e independencia de la justicia colombiana, resultaron arbitrariamente condenados y encarcelados.
Esta semana se nos ha notificado a través de los medios de comunicación que los ex secretarios jurídico y de prensa de la Casa de Nariño durante el gobierno del ex presidente Uribe, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, serán imputados por su supuesta participación en un complot contra la Corte Suprema de Justicia.
Y si hablamos de complot, debemos inmediatamente traer a colación que quienes conspiraban contra el gobierno Uribe eran algunos magistrados de la Corte. Basta con recordar las exclamaciones violentas del ex magistrado Yesid Ramírez Bastidas, quien aseguraba que iba a “tumbar” a Uribe de la silla presidencial.
Resulta absurdo pensar que los doctores Del Castillo y Velásquez, profesionales de las más altas calidades humanas, hayan participado en un complot contra alguien. Sus hojas de vida y trayectoria hablan por ellos.
Los uribistas no tenemos garantías de ningún tipo. La persecución es cada vez más parecida a la que padecen los opositores venezolanos, por eso como colectividad hemos tomado la decisión de poner en conocimiento de otras naciones lo que ocurre en nuestro país. A falta de derechos en Colombia, debemos recurrir a democracias amigas y defensoras de las libertades.
Mientras el Gobierno de Santos continúe utilizando a sus compinches de la rama jurisdiccional para constreñir al uribismo, nosotros seremos firmes en nuestra determinación de ir a donde haya que ir con el fin de narrar lo que está sucediendo y buscar protección para quienes han caído en las garras de la justicia política colombiana.
