La subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer -CCJM-, Nathalia Álvarez Cadavid, denuncia la disminución del 71% en los recursos destinados al plan de profesionalización del equipo que atiende a las víctimas de violencia de género y a las familias que sobreviven a los feminicidios en sus procesos por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta decisión tomada por la Secretaría de las Mujeres del Distrito de Medellín ha generado riesgos psicosociales, ha desmejorado la atención y ha precarizado las condiciones laborales.
Según Álvarez Cadavid, estas son medidas regresivas de la Alcaldía de Medellín que violan la Constitución y exponen a mayores riesgos a las mujeres y al personal encargado de la defensa de cientos de mujeres que se encuentran en procesos penales, de protección y disciplinarios, por violencias basadas en género.
Por esta razón, la CCJM decidió finalizar su contrato con la Alcaldía de Medellín para la prestación del Mecanismo de Defensa Técnica, que brindaba representación legal a 490 mujeres en 580 procesos por violencias basadas en género.
“La decisión se debe a que la Secretaría de las Mujeres de Medellín suspendió el servicio público de asistencia técnico legal y representación jurídica. El pasado 27 de agosto anunció la reducción del presupuesto en un 71% con el argumento de que no hay ningún riesgo que mitigar en los profesionales que prestan este servicio de defensa técnica. Desconoce que la Alcaldía tiene la orden de proteger la integridad personal de las mujeres y de los profesionales que ejercen su defensa”, precisa Nathalia Álvarez.
La Subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer les recuerda al Alcalde y a su Secretaria de las Mujeres que en noviembre de 2023 el Consejo de Estado declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Alcaldía de Medellín y al ITM por el homicidio de la contratista Marjorie Kisner Mira, quien, en desarrollo de su labor fue asesinada, en 2008.
Les recuerda que es negligente de parte de la Administración distrital decidir una disminución del 71% del presupuesto dirigido a mitigar los riesgos que afrontan las contratistas del Mecanismo de Defensa Técnica. Les enfatiza que la Alcaldía está desconociendo una orden judicial encaminada a garantizar la no repetición de un hecho tan doloroso como el homicidio de Marjorie.
“Hacemos un llamado a la institucionalidad para que suspenda las medidas regresivas, mantenga la calidad de la atención a las víctimas, el cuidado del equipo y le cuente a la Ciudad sobre la idoneidad de la institución que implementará en el futuro este servicio”, concluyó Nathalia Álvarez Cadavid.
El servicio público de asistencia técnico legal y representación jurídica para mujeres víctimas de violencias basadas en género estuvo suspendido durante la primera administración de Federico Gutiérrez. Fue reactivado en 2021, durante la administración de Daniel Quintero, tiempo en el cual la Corporación Colectiva Justicia Mujer implementó sus metodologías y prácticas organizativas, logrando prestar el Mecanismo de Defensa Técnica de manera ininterrumpida durante más de tres años.
En 2021, bajo un contrato de cinco meses, se atendieron a 286 mujeres; en 2022, a 469; en 2023, a 490; y en lo que va, de 2024, a 468.
