Por: Rubén Darío Barrientos G.
rdbarrientos@une.net.co
La noticia zumba en los oídos: “La Fiscalía capturó a seis periodistas de Pereira, acusados de acceder a contratos con la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Enrique Vásquez (2012-‘2105) sin cumplir los requisitos legales y por un valor de $ 520 millones” (El Colombiano, 24 de agosto de 2017). Muchísimos contratos con entidades del sector público, se han vuelto “la paga” a los favores recibidos y a la reciprocidad, es decir, vienen en papel regalo y con moño de corrupción.
Todos conocimos los indecorosos contratos con periodistas, abogados y exmagistrados que celebraron el presidente Santos y el exfiscal Montealegre. Todo ello fue urdido en nombre de la paz y esa hemorragia de contratos se llevó a cabo a puro “dedo”. Sus objetos contractuales eran gaseosos (es una de las claves) y se movían entre asesorías para la justicia transicional y el marco legal para la paz. Hasta el “impoluto” Antanas Mockus cayó en sus garras, con un contrato por $ 480 millones.
En una columna anterior, hablamos de: 1) Gobierno contrató a “Sístole S.A.”, de Felipe Santos, hermano del presidente, para ejecutar estrategias digitales del proceso de paz (no se filtró la cuantía); 2) Gobierno contrató con empresa de otro hermano del Presidente Santos por $812 millones, para estrategias digitales del Proceso de paz; 3) Gobierno pagó a la revista Semana, cuyo director es Alejandro Santos, $1.092 millones para la «pedagogía para el postconflicto»; 4) Gobierno pagó $1.422 millones a una Corporación del exguerrillero y columnista de Semana, León Valencia, para hablar del proceso de La Habana y 5) Gobierno pagó $1.012 millones a la Fundación García Márquez, para «seminarios a periodistas en cobertura del proceso de paz».
Y también hablamos del fiscal de entonces, Montealegre –muy experto en materia de asesorías, como las frondosas que él tuvo con Saludcoop, Fidupetrol y con el propio presidente Santos–, quien dejó al país abismado con contratos para la columnista y analista Natalia Springer por $ 895 millones, para el abogado Alejandro Aponte, contratos por $ 816 millones, para el español Baltazar Garzón, contratos que sumaron $ 725 millones y para Pedro Medellín, excolumnista de El Tiempo y consejero editorial de Semana, contratos por $ 241 millones.
Pero esta fue la cuota inicial, porque Natalia Springer, en menos de un mes, recibió dos contratos más: uno, por $ 1.400 millones con la Alcaldía de Valledupar para asesorar escuelas de paz (19 de junio de 2015) y otro con la Fiscalía por $ 3.085 millones (3 de julio de 2015), para procesar información sobre crímenes cometidos por las Farc. En toda esta contratitis, que desemboca en compra de conciencias y en una feria del despilfarro con los impuestos de los colombianos, existe la corrupción como telón de fondo. Es imposible que este país salga adelante con tanta impudicia y con tantas personas aviesas y sin escrúpulos.
Recientemente, El Tiempo (20 de agosto de los corrientes), denunció lo siguiente: “Exmagistrado Francisco Ricaurte, con asesoría a la Auditoría General de la República ($ 156 millones) y a Fonade ($ 700 millones); Exmagistrado Leonidas Bustos, con asesoría la secretaría jurídica de la Gobernación de Cundinamarca ($ 87,5 millones); Martha Pineda, esposa de Bustos, con asesorías a la Secretaria Ambiental de Bogotá ($ 72 millones) y Contraloría Distrital ($ 98 millones) y Exmagistrado Camilo Tarquino, con asesoría a la Aeronáutica Civil ($ 95 millones).
Muchos contratos en el sector público, son, pues, comodines jugosos para pagar favores y enteros actos corruptos tanto de quienes los ofrecen y firman como de quienes los aceptan y suscriben. Es la doble instancia de lo sucio. Finalmente, esa dilapidación de recursos no le duele al funcionario sin rectitud: es plata ajena y que no lastima su bolsillo. ¡Pobre Colombia!
