Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
A propósito del reciente escándalo de Odebrecht, en el que resultaron implicadas varias personas que ocuparon cargos en el gobierno anterior, también un ex senador y un ex gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se ha vuelto a abrir el debate (y de qué manera) sobre el manido y mal manejado fenómeno de la corrupción, que en Colombia hace rato tomó proporciones inimaginables y que de no hacer nada para al menos “reducirlo a sus justas proporciones”, tomará tanta ventaja que no habrá suficientes recursos para alimentarlo y se harán necesarias no sé cuántas reformas tributarias para tapar el hueco fiscal, que entre otros contribuye a producir este mal endémico, y esto se afirma porque según estudios de organismos autorizados y muy serios, al menos las muy desafortunadas reformas tributarias que ha implementado este gobierno, siendo brutal la última, se habrían hecho innecesarias si el Estado colombiano hubiera combatido de manera eficaz la corrupción. Dice el procurador general que aunque es difícil calcular a cuánto asciende el monto de recursos apropiados por los corruptos, hay datos que indican que está entre 20 y 40 billones de pesos, cifra descomunal que si fuera a parar a dónde tiene que ir este país no sería hace rato del tercer mundo, seguro que tampoco del primero, pero si estaríamos entre ambos extremos y en todo caso mucho mejor de lo que ahora se está.
Esta semana se instaló una comisión de alto nivel contra el flagelo de la corrupción. Decía alguien que si se quiere que un problema estructural como éste no encuentre ninguna solución no es sino que le asignen una comisión, en otras palabras, las comisiones no sirven para nada, sencillamente es la respuesta gubernamental inmediatista, mediocre y coyuntural frente a un problema que requiere de otro manejo.
Es de sobra sabido que la corrupción en nuestro país no es eficazmente combatida porque quienes tienen constitucional y legalmente la tarea de vigilar, investigar y juzgar los comportamientos infractores de las norman legales no la hacen debido a que también se corrompen. De nada sirve que se expidan leyes que sean más exigentes en materia de contratación pública, por ejemplo, o que incrementen las penas para quien desoiga los mandatos normativos, si los encargados de hacerlas efectivas entran, como es habitual, en ese círculo corrupto, pues se venden o solicitan dádivas o dinero a cambio de exoneración. Siendo esta la realidad es muy difícil que en un país como Colombia este fenómeno se logre, no erradicar, sino disminuir a unos márgenes tolerables.
Es tan grave la percepción de la opinión pública frente a quienes dirigen los destinos de este país en los ámbitos local, departamental y nacional, que decía el fiscal general que en una visita que hizo a una universidad leyó un grafiti que decía “lo público es lo privado de los políticos”, el que claramente indica o sintetiza, no solo el sentir del pueblo, sino lo que ocurre en la práctica: un porcentaje alto de los políticos se dedicó hace mucho tiempo a esquilmar el erario público, los bienes de todos y nada les pasa, siguen ahí, incólumes en sus cargos, reelectos y por tanto reelecto el desangre, debe llegar el día en que el electorado sea capaz de ver y de entender que en Colombia la política no es un servicio público, en pro del bienestar de la mayoría, no es el arte de gobernar como lo enseñaron los griegos, sino que se convirtió en un negocio de unos pocos, en un negocio de grupos y de familias corruptas que como sea se hacen al poder para enriquecerse. Cuando ese día llegue, que desafortunadamente está muy lejos, entonces se tendrá la suficiente claridad para saber a quiénes se elige, cuando de funcionarios de elección popular se trata, al pueblo debe educársele haciéndole ver que en muchos casos es más efectiva y más eficaz la sanción social que la legal, castigar con el voto a quien no merece que llegue a determinado cargo es una de las mejores maneras de ponerle coto a la corrupción. Pero el problema no estriba solamente aquí, el asunto es que el sistema político y administrativo colombiano está montado sobre la burocracia y muchos funcionarios electos tienen la facultad de elegir a otros que manejan bienes públicos y aunque estos están sujetos a las distintas sanciones consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano, no se les puede castigar con el voto popular. Se barajan varias soluciones, una de ellas la financiación oficial de las campañas políticas para que los electos no lleguen hipotecados al cargo. Está tan arraigada la corrupción que es igual de difícil ofrecer soluciones.
