Por: Margarita Restrepo
No es mucho lo que puede esperarse de los delincuentes de las Farc, luego de su supuesta desmovilización. Hemos visto un espectáculo deplorable gracias a las muy pocas obligaciones que el gobierno de Juan Manuel Santos les impuso a los miembros de esa banda delincuencial.
Se habló hasta la saciedad de que el acuerdo de paz debía ser estable y duradero. Para que se cumplan aquellos compromisos era perentorio que los criminales tuvieran compromisos ineludibles, hecho que no sucedió.
Van a cumplirse dos años desde la firma del supuesto acuerdo sin que las víctimas de las Farc hayan empezado a ser reparadas por los causantes de su sufrimiento. 24 meses sin que los responsables de crímenes atroces hayan respondido ante la justicia ni hayan pedido perdón a la sociedad por sus delitos. Premios, gabelas y elogios inmerecidos es lo único que han recibido los cabecillas de las Farc.
La presencia de 8 de ellos en el Congreso de la República es una bofetada a la democracia y una afrenta a la sociedad colombiana. Los dos que no están ocupando las curules regaladas por Santos, Jesús Sántrich e Iván Márquez, se encuentran ausentes por estar en la cárcel uno de ellos y el otro está en condición de prófugo.
Quien dudara que la impunidad es caldo de cultivo para más ilegalidad y violencia, habrá despejado sus vacilaciones al registrar que por cuenta del no castigo, Sántrich se consideró con licencia para continuar delinquiendo. Así, después de la firma del acuerdo, ese individuo persistió en las actividades de narcotráfico en las que llevaba inmerso quién sabe hace cuántos años.
Lo mismo sucedió con el cabecilla de las Farc, Iván Márquez que luego de la captura de su lugarteniente Sántrich se dio a la fuga, consciente de que tarde o temprano la justicia de los Estados Unidos lo llamará a rendir cuentas.
Las Farc son una banda criminal como cualquier otra de las que hay en nuestro país. Jamás debieron tener licencia para convertirse en partido político. Sus miembros son delincuentes peligrosos que cometieron los delitos más aberrantes y estremecedores. Su presencia en la democracia es degradante e inadmisible.
Queremos ver a los cabecillas de las Farc respondiendo ante la justicia y no dando entrevistas en las que posan como grandes estadistas. Alias Pastor Alape, violador de menores, reclutador de niños y secuestrador no es quien para hablar de política ni para dar explicaciones sobre el “devenir” político de la estructura a la que él pertenece. Debería reservar sus palabras para sus comparecencias ante la el mecanismo de justicia que Juan Manuel Santos mandó a confeccionar a la medida de las necesidades de las Farc.
Hace cerca de dos años el pueblo colombiano fue a las urnas y mayoritariamente se opuso al acuerdo entre Santos y Timochenko. El mensaje ciudadano fue claro y elocuente. Los delincuentes responsables de delitos de lesa humanidad no deben estar en el Capitolio, porque el espacio que la democracia tiene reservado para ese tipo de individuos se llama cárcel.
