Gabriel Zapata Correa
Para el ciudadano común resulta inexplicable cómo mientras el país goza de una riqueza hídrica fabulosa, con embalses ataviados del elemento vital, las tarifas de este servicio se mantengan en niveles altos y lo que es peor, se anuncien incrementos por encima del índice de precios al consumidor.
La verdad es que mientras generadores de energía, transportadores, distribuidores y comercializadores, los cuales hacen parte de la cadena de la energía eléctrica, sostienen que en los incrementos de la tarifa de energía inciden los aumentos en el cargo de distribución y de generación; resulta complejo que al momento de evaluar, calcular y proyectar el servicio, no se tenga en cuenta la debilitada economía y en consecuencia la precaria situación de millones de familias en el país.
En el caso de Antioquia y las Empresas Públicas de Medellín, las directivas de la empresa reconocen que el aumento para 2009 se estaría ubicando entre el 10 y el 12%; según explicaciones de la empresa, alzas contempladas en el modelo de las autoridades energéticas y porque en los últimos diez años la demanda creció por encima de la oferta.
Aunque los aumentos estén soportados en la ley, insisto en que deben valorarse las condiciones socio – económicas de los consumidores. Un dato revelador de la situación económica de las familias, es el número de desconectados de energía que a 31 de diciembre de 2008 llegó a 52.684 en el Área Metropolitana y también quienes recurren a la energía prepago como única alternativa muchas veces de tener este servicio, aunque sea de vez en cuando. Un dato contundente de los matriculados a este sistema por necesidad, revela que el programa de energía prepago, cumplió en 18 meses, los objetivos propuestos para cinco años. El cálculo de Empresas Públicas era vincular al programa entre el 2007 y el 2012 a 32 mil familias y a 31 de diciembre de 2008 la cifra se ubicó en 25 mil, es decir, que las 32 mil familias de estratos bajos presupuestadas para 2012, se cumplirán en este año 2009, lo que significa 3 años antes de lo previsto.
Para la entidad prestadora del servicio es un buen balance porque lo considera una alternativa para las familias más pobres, pero la otra lectura sin duda atiende a que la precariedad en los ingresos de las familias ha hecho que acudan en mayor número a este programa, pues su capacidad de pago es cada vez más limitada. De allí el llamado a evaluar el excesivo aumento de tarifas de energía, que sin duda traerá más desconectados y más usuarios obligados a matricularse en la energía prepago.
