Por: Margarita María Restrepo
En días pasados la revista británica The Economist publicó una nota en la que se afirmó de manera ligera que el gobierno del presidente Uribe procedió a conceder las extradiciones de 14 jefes desmovilizados de las extintas AUC a los Estados Unidos con el fin de callar sus voces e impedir que ellos comparecieran ante los tribunales colombianos con el fin de que confesaran sus crímenes y delataran a sus cómplices.
No es la primera vez que se hacen esas insinuaciones. Desde el mismo día en que dos aviones de la DEA partieron de la base de la policía en CATAM con los 14 extraditados a bordo, sectores opositores al presidente Uribe señalaron que el trasfondo de esa decisión era la intención de garantizar el silencio de esos criminales.
Sea lo primero aclarar un hecho que es fundamental en esta discusión: el gobierno de Colombia, luego de que la Corte Suprema de Justicia diera el visto bueno, decidió conceder la extradición de esos 14 desmovilizados, pero exigió al gobierno de los Estados Unidos que una vez ellos estuvieran a buen recaudo de las autoridades judiciales norteamericanas, éstas debían comprometerse a que ellos pudieran acceder a los fiscales y jueces colombianos con el fin de que no se viera entorpecido su compromiso con la ley de Justicia y Paz.
Desde 2008, año en el que ellos fueron extraditados, se han practicado decenas de diligencias de versión libre en las que estos sujetos han narrado los detalles de su participación en el grupo armado ilegal al que pertenecieron. ¿Cuántas veces no hemos visto en los noticieros copias de los videos en los que, por ejemplo, alias ‘Don Berna’, le ha dado rienda suelta a su mente fantasiosa? ¿Acaso no fue desde los Estados Unidos que Salvatore Mancuso, en clara retaliación contra el gobierno que lo extraditó, dijo un sartal de mentiras contra el presidente Uribe y algunos de sus colaboradores?
A lo que más le tenían miedo los miembros de las AUC antes de entregar sus armas era, precisamente, a que el Gobierno los extraditara a los Estados Unidos. Eran de tal magnitud sus temores que algunos de ellos, previamente a la desmovilización, exigieron que el gobierno promoviera un acto legislativo para que el Congreso modificara el artículo 35 de la Constitución y quedara plasmado que aquellos que hubieran sido miembros de grupos armados organizados al margen de la ley y que se hubieran acogido a un proceso de paz, no podrían ser extraditados.
El gobierno del presidente Uribe claramente no accedió a semejante solicitud. El narcotráfico es un delito autónomo y no puede ser tratado con guantes de seda. Aquel que esté involucrado en ese negocio debe pagar ya sea en las cárceles colombianas o en las del país en el que hayan cometido el delito.
El gobierno de Uribe les ofreció a las AUC que, siempre y cuando cumplieran con sus compromisos y dejaran de delinquir una vez estuvieran desmovilizados, las extradiciones serían suspendidas. Se buscaba así darles una oportunidad para que se resocializaran y atendieran en Colombia sus compromisos con la ley de Justicia y Paz.
Ellos desaprovecharon esa oportunidad y continuaron delinquiendo desde las cárceles en las que estaban recluidos. Y aquello no fue tolerado por el gobierno del presidente Uribe.
Por eso, el 13 de mayo de 2008, siendo Álvaro Uribe presidente de Colombia y Juan Manuel Santos Ministro de Defensa Nacional, se procedió a extraditar a los más significativos jefes desmovilizados de las AUC a los Estados Unidos. Y allá están respondiendo por los delitos imputados por parte de las cortes norteamericanas y también cumpliendo con la ley de Justicia y Paz.
