Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Finalmente el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, perdió la batalla legal mediante la cual pretendía quedarse en los Estados Unidos, bajo la premisa que es un perseguido político en Colombia y que fue justamente por esa razón por la que lo condenó la Corte Suprema de Justicia a la pena de 17 años de prisión. De la veracidad de esta tesis creo que ya no dudan muchos con lo que está actualmente sucediendo con este órgano judicial, pues el razonamiento es muy simple: si por dinero se emitieron decisiones que beneficiaron a algunas personas, por motivos políticos y de revanchismo con el gobierno de turno, que según sus miembros les dió trato de segunda, era mucho más fácil o jurídicamente más presentable, aunque por ambos motivos las decisiones son contrarias a la ley, si pareciera que aquella que se expide por motivaciones políticas pudiera dársele un mejor ropaje legal, aun cuando es claro que una decisión judicial que no consulta la ley, como debe y tiene que ser, son muchos los malabares y elucubraciones que tienen que hacerse. No puede olvidarse que para el momento que se profirió la sospechosa sentencia, estaban en todo su furor Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, y que se supo también que otros magistrados, en un cónclave, decidieron la manera cómo debía definirse el proceso del ex ministro de la Protección Social, Diego Palacio. Es sabido que, históricamente, el derecho penal ha sido el mecanismo utilizado para sacar del camino a los contendores políticos, solo que en esta ocasión, así algunos digan lo contrario, no fue el gobernante de turno el determinador de dicha decisión, fue el propio tribunal máximo de la justicia ordinaria el que optó por saciar su ánimo de venganza con alguien cercano al mandatario de la época.
Hasta el momento se habla de unos ex magistrados cuestionados jurídicamente, al punto que hay uno detenido de manera preventiva, y de otro en funciones, los otros implicados en los escándalos de corrupción con estos jueces indignos con los días irán diciendo qué otros magistrados o ex magistrados más hacían parte de esa sí una verdadera empresa criminal, como la ha denominado la fiscalía. Hace unos días me preguntaba en este espacio si una decisión judicial proferida por un tribunal donde varios de sus ex miembros está probado que son corruptos, merece ser acatada y respetada, no solo por el destinatario de la misma, sino por la sociedad; hacen falta organizaciones como los colegios de abogados e incluso las facultades de derecho que debieran de tratar a fondo asuntos de esta naturaleza y sugerir alternativas, pero el medio nuestro es timorato al respecto, seguramente muchos que esperan llegar a un alto cargo judicial no quieren ganarse enemistades.
Revertir una decisión judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada y más por una instancia judicial como una corte, no es nada fácil, existen mecanismos como la acción de tutela y la de revisión, posibilidad esta última que no se muestra sencilla, porque tendría que probarse que se prevaricó por parte de quienes emitieron la sentencia y no hay que olvidar que en Colombia los magistrados de las cortes son impunes porque no hay quien los investigue y juzgue; o que apareciera un hecho o prueba nueva que establezca la inocencia del procesado, que es la causal en que se fundamentan la mayoría de las acciones de revisión. Un muy importante criminólogo extranjero, ya fallecido, decía que en el derecho penal, como destinatarios del mismo, no están todos los que son, ni son todos los que están. Afirmación cierta si miramos que mientras Arias muy probablemente llegará a Colombia a purgar una pena de 17 años de cárcel, Timochenko y compañía andan haciendo política; ah, y magistrados negocios. Bochornosa la situación.
