Durante el debate a la Secretaría de Seguridad de Medellín, el concejal Juan Felipe Campuzano demostró con cifras oficiales que este despacho aún no logra su objetivo principal de combatir efectivamente la criminalidad de la Ciudad, ya que los homicidios aumentaron en un 76 por ciento durante el primer semestre del año, al pasar de 37 asesinatos en enero a 128 en junio, con crecimiento mensual. Así mismo, según Medicina Legal, durante 2012 se han registrado 144 desapariciones forzadas y cifras de la Personería, señalan que 1.600 personas se han tenido que desplazar al interior de la ciudad por la violencia que generan las estructuras criminales.
En cuanto a otros delitos generadores de inseguridad y violencia en Medellín durante 2012, se destacan las 90 plazas de vicio identificadas por la Policía Metropolitana; los cuatro paros de transporte público que se han registrado por cuanta de las extorsiones, las cuales además se han extendido hasta la Zona Rosa de El Poblado y a las canchas sintéticas de fútbol públicas administradas por el INDER; las fronteras invisibles que han generado la desescolarización de más 2.480 estudiantes y amenazas a 77 docentes; y los 200 enfrentamientos entre bandas sucedidos en comunas como la 8 (Villa Hermosa), la 13 (San Javier) y la 16 (Belén), y en corregimientos como Altavista y San Antonio de Prado.
Ante el recrudecimiento de la violencia en Medellín, consecuencia del enfrentamiento entre 14 ODIN (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico) por el control de las rentas ilegales que generan 75.000 millones de pesos mensuales, el concejal Juan Felipe Campuzano insta a la Secretaría de Seguridad de Medellín a dotar la Policía con armas efectivas y helicópteros ligeros de patrullaje y disuasión para enfrentar la criminalidad que se atrinchera en barrios altos y atacan con armas sofisticadas como la Five-Seven. Además, le insiste a la Alcaldía de Medellín en gestionar la consecución de fiscales especializados permanentes para la ciudad con el fin de garantizar las capturas y judicialización de los bandidos.
En esa medida, el concejal del Partido de la U propone consolidar una Política Anti-ODIN que incluya investigación estructural y accionable contra ODIN, la creación de una normatividad Anti-ODIN, la coordinación de la política criminal con los demás municipios del Valle de Aburrá, una política efectiva penitenciaria y acciones de generación de empleo claras.
