Ese es, según el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, el efecto buscado con los bloqueos, cuya agenda -dice- “está cargada de odios y de propósitos políticos”.
En su artículo “De paros y bloqueos” habla de las billonarias pérdidas de los sectores agrícola, industrial, comercial, de la construcción y minero-energético: “Por lo menos medio billón se pierde cada día por causa de los bloqueos”.
Se refiere al prurito del respeto y el apoyo a la protesta pacífica, sin bloqueos, el cual no ha encontrado oídos, no obstante el gravísimo daño ocasionado por estos.
Y recuerda que como Ministro del Interior y de Justicia del gobierno de Juan Manuel Santos presentó la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual pasó el control de constitucionalidad en sentencia C-742/2012, al indicar que el sujeto pasivo de los bloqueos es la comunidad, que es a la que se le afecta la vida, el orden público, la salud, la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo.
Este es el artículo completo del también Excandidato a la Presidencia y líder del partido Cambio Radical:
DE PAROS Y BLOQUEOS
Por: Germán Vargas Lleras
Tras un año largo de pandemia, con cerca de 500 personas fallecidas todos los días, con las UCI a reventar y cuando aún no levantamos cabeza, regresó el paro nacional. Las condiciones no podían ser más propicias para conseguir el efecto buscado, que no es otro que conducir al país a la ruina total. Y lo están logrando con una agenda cargada de odio y propósitos políticos. En estos 15 días, el sector productivo ha perdido billones de pesos. En el sector agrícola (1,7), el industrial (2,2), y en el comercio, la construcción y el minero-energético, mucho más. Por lo menos medio billón se pierde cada día por causa de los bloqueos. En el Valle del Cauca, las pérdidas superan ya los dos billones. En Buenaventura, nada entra y nada sale, las navieras están advertidas de que no pueden llegar, y los contratos de concesión del puerto tendrán que ser suspendidos.
Basta ver las declaraciones de algunos promotores del paro para saber que también estimulan y respaldan los ilegales bloqueos. Algunos, como César Arias, de la CUT, sostienen que el objetivo es paralizar la producción. Muy pocos condenan estos hechos y todos están eufóricos por la duración e impacto de estos. Éxtasis total.
Los medios de comunicación iniciaron una campaña para respetar el derecho a la protesta a través del paro, pero sin los bloqueos que están asfixiando a la población por falta de alimentos, servicios y, literalmente, a los enfermos en las UCI por falta de oxígeno. Pero poco éxito han tenido estos llamados. El jueves pasado se reportaron 140 bloqueos, y cada día escalan más. Incluso el propio Acueducto de Bogotá advierte de la posible afectación del servicio de no recibir con prontitud los insumos.
Llevamos 1.950 marchas y 1.501 bloqueos y retenes ilegales en los que extorsionan para permitir el paso, 716 civiles y 849 uniformados lesionados, centenares de establecimientos comerciales afectados, infraestructuras destruidas, personal de la salud agredido, ataques a camiones que transportaban insumos médicos y vacunas, sectores residenciales amenazados, pánico generalizado. BASTA YA. Hace días todo esto se salió de madre, se sobrepasaron todos los límites. Yo me pregunto: ¿qué están esperando el Gobierno y las autoridades para hacer cumplir la ley?
Como ministro del Interior y de Justicia presenté al Congreso la ley de seguridad ciudadana, hoy vigente, una norma que me permito recordar al Gobierno y a todas las autoridades, comenzando por los alcaldes y gobernadores. El art. 44 de ese estatuto tipificó como delito con pena de prisión, multa y pérdida de derechos y funciones públicas a quien incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte público y las obstruya temporal o permanente, de manera selectiva o general cuando afecten la vida, el orden público, la salud, la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo. Se excluyen las movilizaciones con permiso de la autoridad competente. En cumplimiento de este mandato legal hay que detener de inmediato a quienes bloquean, vandalizan y cometen otros delitos como el daño en bien ajeno, el incendio y la violencia contra servidor público.
Estas normas pasaron el control de constitucionalidad en sentencia C-742/2012, al indicar la Corte que la norma era precisa y clara: que el sujeto pasivo es la comunidad, cuyos derechos citados se ven perjudicados por la conducta tipificada. Y agregó que el bien jurídico protegido es la seguridad pública.
¿Cuál es la excusa para no atender el cumplimiento estricto de normas tan claras y que permitirían hacer respetar los derechos vitales de 50 millones de colombianos? ¿Qué hace falta para que en este país se cumpla la ley sin esguinces, sin disculpas, sin temores? ¿Cuál es el concepto de autoridad que se maneja?
Y a todas estas, ¿cuántos de los líderes del paro estarán tramitando desde ahora sus propias aspiraciones electorales? ¿En qué quedó el paro papero en Boyacá, distinto a la llegada a la cámara de su líder César Pachón o del actual alcalde de Buenaventura, cabeza también del paro en el puerto? Sorprende el silencio cómplice de los candidatos presidenciales sobre esta gravísima situación. Más temprano que tarde, el país les pasará factura.
