Por: Francisco Galvis
La seguridad es, de lejos, el tema que más inquieta a los habitantes de las más importantes ciudades colombianas, comenzando por Medellín, seguridad que en las dos administraciones del llamado “Compromiso Ciudadano”, la de Fajardo y la Salazar, ha retrocedido de manera inocultable y preocupante.
Del vademécum de soluciones improvisadas del burgomaestre Salazar, salió la receta de incrementar en doscientos el número de Fiscales para la atención de las fechorías cometidas por las bandas criminales.
Está equivocado el licenciado Salazar. Ni Medellín ni el país necesitan más Fiscales. Con los que hay bastaría para enfrentar la criminalidad contando, claro está, con el compromiso de quienes hacen parte de esa frondosa burocracia, durísima de mover, como a muchos nos consta, en la que también militan personas de sobresaliente desempeño.
El cuello de botella de la investigación criminal radica en la escasez de unidades de Policía Judicial y esto es empíricamente demostrable, sin necesidad de profusos estudios de campo. Basta, por ejemplo, con indagar con cualquiera Fiscal y se sabrá de la cantidad de investigaciones represadas por la falta de un suficiente número de investigadores.
Aparte lo anterior, el Estado no está invirtiendo en la masiva capacitación de los policías judiciales y menos en su equipamiento de acuerdo a los adelantos tecnológicos, de donde cabe deducir que las pesquisas se adelantan con las uñas y a paso de tortuga, a un punto tal que coronar una investigación es una proeza digna de la Cruz de Boyacá.
Lo que no ha dicho el alcalde Salazar es dónde se propone instalar los doscientos Fiscales de más que reclama sin conocimiento de causa, ni de dónde saldrán los recursos para pagarlos, cuando la Fiscalía General ni siquiera ha tenido con qué completar la dotación del edificio que en buena hora mandó construir el Fiscal General Luis Camilo Osorio Isaza.
Alguien, algún concejal, debería pedirle cuentas al alcalde Salazar por la gestión de las ingentes sumas de dinero que ejecuta Metroseguridad, para establecer la relación costo beneficio con lo que es hoy el desorden público en la urbe. A lo mejor, ojalá no, esos recursos se fueron al barril sin fondo de los esfuerzos inútiles.
Hay leyes deficientes, claro que sí, pero el alcalde no puede recostar su impericia en otras instituciones del Estado, ni disimular las omisiones en que posiblemente haya incurrido para el ejercicio cumplido de sus funciones de Jefe de la Policía en el municipio.
Tiro al aire: Ley y Orden es lo que necesita Medellín. Pero para ello se requiere de un alcalde que sepa de Ley y Orden, y lastimosamente no lo tenemos.
