Por: Margarita Restrepo
El abusivo despojo territorial del que acaba de ser víctima Antioquia, por cuenta de la anexión de Belén de Bajirá al Chocó, no es la primera y, lamentablemente, no será la última agresión de Juan Manuel Santos a nuestro departamento.
Es evidente la que al presidente lo mueve el odio hacia la región de donde emana el uribismo y donde el rechazo ciudadano a su gobierno está fuertemente consolidado.
Lo de Belén de Bajirá, además de ser un abuso, un ataque mezquino y una decisión motivada por el odio y la sed de revancha, tendrá consecuencias penales y disciplinarias. El prevaricato cometido por el director del instituto geográfico Agustín Codazzi es evidente.
Los antioqueños, al margen de las diferencias políticas, nos opusimos a la venta de Isagen, una empresa que era, sin duda alguna, el principal activo de la nación y de nuestro departamento. No estuvimos ni vamos a estar de acuerdo con esa enajenación. Perdimos la empresa y por ninguna parte se ve el dinero que supuestamente iba a ser invertido en obras de infraestructura.
Por la venta de Isagen, Antioquia sólo recibirá el 10% del dinero de la transacción, cuando el principal centro de actividades de esa compañía es en nuestro departamento. Ha pasado cerca de un año de esa venta, y los antioqueños no hemos visto un centavo de los $650 mil millones de pesos que nos corresponden.
Savia Salud es la EPS más importante de nuestro departamento. Atiende a más de 1.7 millones de personas. Esa entidad, como es de conocimiento público, atraviesa una difícil situación financiera, razón por la que muchos dedicamos nuestro esfuerzo para planificar un plan de salvamento. Al recuperar a Savia Salud, estamos garantizando la salud de millones de antioqueños.
Hace unos días, los directivos de Savia fueron notificados por parte del ministerio de Salud, que el cronograma establecido para la recuperación de la entidad debía ser suspendido. ¿La razón?, un argumento enrevesado, en relación con la suscripción de unos contratos. Cuando no hay voluntad política, cualquier motivo es suficiente para impedir la salvación de una entidad.
En este caso, el gobierno juega con candela, pues está poniendo en riesgo el servicio de salud de un elevadísimo porcentaje de antioqueños.
A ello, hay que sumarle la denuncia hecha por el gobernador Luis Pérez, quien puso en evidencia la disminución de los recursos para la salud, girados por la nación. De acuerdo con lo expresado por el mandatario departamental, en los últimos años la secretaría de salud ha venido sufriendo recortes de los recursos para cubrir el “No POS”.
En 2015, el “No POS” le costó al departamento alrededor de $190 mil millones de pesos; la nación sólo transfirió $60 mil. En 2016, la situación fue más grave, pues el “No POS” ascendió a los $200 mil millones de pesos y la nación únicamente cubrió $43 mil millones de pesos.
El malestar del pueblo antioqueño con el gobierno es evidente y Santos reacciona apretándonos el cinturón por donde más nos puede afectar: la salud, creyendo que con ello cederemos y empezaremos a aplaudir a su nefasto régimen.
No la tendrá fácil. Los antioqueños somos recios y tenemos carácter para enfrentar las vicisitudes. Mayoritariamente estuvimos en desacuerdo con el acuerdo celebrado con las Farc y aquello se reflejó en las urnas el día del plebiscito. De los 125 municipios, en sólo 29 ganó el SÍ, mientras que en el resto del departamento se impuso el NO.
En Medellín, la victoria fue aplastante. Más de 430 mil personas votamos por el NO.
Y parece que aquello despertó la ira de un presidente que ha ordenado reducir los giros para la cobertura de salud y suspender de manera abusiva el plan de salvamento de la EPS más importante de nuestro departamento.
