Según el Grupo Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas de la Contraloría General de Medellín, en los últimos nueve años Medellín ha tenido un presupuesto público total de 44 billones de pesos, de los cuales ha destinado 5.8 billones para los componentes de salud en los planes de desarrollo municipales y 5.9 billones a la Secretaría de Salud. De estos recursos, 805.820 mil millones se invirtieron en cinco de las siete políticas públicas en salud aprobadas en la Ciudad, lo que equivale al 1,8% del presupuesto total, al 13,8% de la inversión en salud y a un 13,6% del presupuesto de la Secretaría.
Estos son los Acuerdos municipales sobre políticas públicas en salud, aprobados entre 2007 y 2019:
• Acuerdo 03 de 2007 (Prevención de la morbimortalidad por causas cardio-cerebro-vasculares)
• Acuerdo 05 de 2011: (Política de Salud Mental y Adicciones). Actualizada con Acuerdo 12 de 2020.
• Acuerdo 90 de 2013: (Atención integral a personas con cáncer)
• Acuerdo 25 de 2015 (Salud Bucal)
• Acuerdo 33 de 2015: (Personas que padecen la enfermedad de Parkinson)
• Acuerdo 41 de 2017: (Terapia asistida con animales)
• Acuerdo 144 de 2019: (Discapacidad)
El análisis desarrollado por la Contraloría General de Medellín evidenció que desde 2012 hasta la fecha, en ninguno de los Planes Locales de Salud de Medellín se implementó la recomendación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, lo que pudo ocasionar un mayor uso de recursos. El Plan Decenal sugirió incluir acciones en los planes territoriales para la prevención y la contención de patógenos emergentes de potencial epidémico. Según la OMS una pandemia es la epidemia en su máxima expresión, enfocada en la gravedad de la enfermedad, el número de afectados y el impacto que tiene en la sociedad.
Para 2020 solo la Secretaría de Salud, sin incluir otras dependencias de la Alcaldía de Medellín, destinó cerca de 103.333 millones de pesos para el COVID-19 en campañas, tomas de muestras, ampliación al máximo de la capacidad hospitalaria, insumos de protección y vigilancia epidemiológica.
El año 2015 fue el año con mayor inversión en las políticas públicas de salud con 126.440 millones corrientes del presupuesto total de inversión de la Ciudad. Para 2016 y 2017 se evidencia una disminución a cerca de la mitad del presupuesto. Entre 2018 y 2020 se presenta un incremento promedio a los 100.000 millones, pero no se vuelven a recuperar los niveles de inversión que se tenían en 2015, sin una explicación clara.
En la Política Pública de Discapacidad es en la que mayor inversión se ha realizado con un total de 230.983 millones de pesos, de los cuales el 61% se realizó desde la institucionalidad y el 39% se definió por presupuesto participativo. Le sigue la inversión en salud bucal con 217.149 millones, con el 71% desde la institucionalidad y el 29% por presupuesto participativo. Y en tercer lugar está la Salud Mental con 215.841 millones, con el 91% del presupuesto público.
La Política Pública Cardio-Cerebro-Vasculares es la de menor inversión con 52.485 millones de pesos, de los cuales el 94% corresponde a recursos desde la institucionalidad y la Política Pública de Terapia Asistida con 19.107 millones, de los cuales el 84% se invirtió desde la institucionalidad y el 16% desde el Presupuesto Participativo.
Finalmente, para las Política Pública de atención integral a personas que padecen cáncer y la Política Pública integral de protección a las personas con la enfermedad de Parkinson, no se rastrea inversión directa de la municipalidad.
La conclusión del Grupo Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas de la Contraloría General de Medellín es que de las siete políticas públicas en salud de la Ciudad, dos no cumplen con los criterios teóricos para llevar esta denominación, dos más no logran impactar y otras dos no cuentan con datos para verificar su impacto, por lo que indica que ha sido más gasto que una inversión en Políticas Públicas en salud.
Este estudio se socializó durante tres meses con actores decisivos para el Sistema de Salud de Medellín como Sura, Comfama, Hospital San Vicente Fundación, Clúster Medellín Health City, Superintendencia Nacional de Salud y la Facultad de Medicina de la UPB, entre otros, con el fin de poner en conocimiento público estos hallazgos y que se tomen las decisiones a futuro que se necesitan para la garantía de la salud en la región.
