Con el objetivo de estructurar la Paz Total como política de Estado y de preservar y garantizar la seguridad humana a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia, el Congreso aprobó la conciliación de la modificación, adición y prórroga de la Ley 418 de 1997, que ahora pasa a sanción del presidente Gustavo Petro.
La iniciativa aprobada otorga facultades al Presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno en su conjunto para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales.
Luego de la aprobación del Proyecto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, destacó el espaldarazo que dieron las plenarias de Senado y Cámara de Representantes a una política de Estado en la que se vincula a los gobiernos pasados y futuros a la implementación de los compromisos de Estado con las fuerzas desmovilizadas, desarmadas y en proceso de reincorporación o acogidas y sometidas a la justicia.
“Esto nos impone el reto de trabajar con las nuevas figuras de la talla de las regiones de paz, de los comisionados de Paz regionales que reconocen que Colombia es un país de regiones y que la Paz Total se arma desde allá”, manifestó Prada.
En este sentido, la norma establece la creación de una comisión de alto nivel para calificar cuál es el tipo de organización, si se toma la vía del diálogo político o del sometimiento o acogimiento.
Dicha instancia, según quedó aprobado, permitirá estudiar la estructura jurídica constitucional que podrá allanar el camino de las conversaciones y negociaciones.
La Ley 418 de Paz Total determinará las Regiones de Paz para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley. Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que no serán zonas de despeje de la Fuerza Pública.
“El reto que tenemos como país y con la Paz Total es desarmarlos, desarticularlos, desmovilizados y ocupar el territorio con paz, con desarrollo económico, con justicia social, con una lucha enorme contra la adaptación hacia el cambio climático”, añadió el ministro Alfonso Prada.
Así mismo, se da paso al Gabinete de Paz, instancia del alto Gobierno integrado por los ministerios y demás entes que aportarán a definir la política pública y demás iniciativas concernientes a la paz. Participarán en las sesiones del Gabinete de Paz los representantes autorizados para adelantar diálogos y negociaciones con grupos armados al margen de la Ley, así como los integrantes de las comisiones de paz del Congreso.
“Una paz que va a tener una perspectiva y un enfoque regional, una paz que va a tener la posibilidad de hacer acuerdos parciales. Una paz que crea unas condiciones para que el Gabinete para la Paz que se crea también en la Ley, pueda construir una coordinación de gobierno para apoyar todo el proceso de diálogos, negociaciones, conversaciones”, señaló el titular de la cartera del Interior.
Sumado a estos propósitos, se gestan la Regiones de Paz con comisionados en sitios específicos de Colombia que se identifican por un tipo especial de violencia que se quiere desmontar. Allí la articulación de autoridades y gestores de paz, ayudarán a dialogar y concertar con esas estructuras para avanzar en su posterior desmonte.
Uno de los temas relevantes que se contempla es el Servicio Social como alternativa al Servicio Militar Obligatorio para que los jóvenes decidan qué tipo de servicio quieren prestarle al País en ámbitos sociales, ambientales, rurales, tecnológicos, entre otros.
De esta manera, se busca un servicio que aporte al crecimiento económico, sostenible, incluyente y equitativo de todos y todas los colombianos y colombianas. Además, el Servicio Social servirá de experiencia y formación de competencias para el primer empleo.
