Libardo Ávarez Lopera, precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Partido Liberal, afirma que lo hecho por los concejales que aprobaron en primer debate el Proyecto de Acuerdo 300 de 2015, es una traición. Asegura que al autorizar al alcalde Aníbal Gaviria a transformar la estructura del Municipio, “el Concejo no sólo renuncia a sus funciones y obligaciones sino que les entrega a los particulares el patrimonio público de Medellín”. Teme que estén autorizando la privatización de EPM y de todas las empresas públicas del Municipio como ya lo hicieron con Orbitel, UNE y Empresas Varias. Recuerda que Aníbal Gaviria pretendió privatizar como Gobernador la Fábrica de Licores de Antioquia.
El Directorio Liberal de Antioquia alertó a la ciudadanía y a los concejales de Medellín, para que se opongan a la solicitud de la Administración Municipal para emprender una reforma amplia de la estructura del Municipio y sus organismos descentralizados. Increpó al Concejo porque no puede renunciar a las facultades que la Constitución le dio. Aprobar el Proyecto, será darle un cheque en blanco al alcalde, sospechoso en pleno año electoral, cuando hace dos años la Alcaldía de Medellín hizo una reforma a la estructura de la administración municipal.
Según el comunicado del Directorio Liberal de Antioquia, la autorización por cuatro meses solicitada por el Alcalde, parece tener un fin privatizador que revive el espíritu de la intención de venta de la fábrica de licores de Antioquia en el 2007. Se pregunta: “¿Será que ahora va por la «joya de la corona», las Empresas Públicas de Medellín?”.
El precandidato liberal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, insistió en que la Administración Municipal debe entregar la información relacionada con el comité asesor y el grupo operativo que según el Decreto 2176 permite la conformación de comités para la optimización del proceso de modernización y sus articulación con el conglomerado público y el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín.
El Concejal sostuvo que esta información es valiosa para conocer las circunstancias que inspiraron al alcalde Aníbal Gaviria Correa para presentar el Proyecto de Acuerdo 300, en el que reclama facultades extraordinarias para concentrar el manejo de 57 billones de pesos correspondientes a los activos de 46 entidades del Municipio de Medellín, incluidas las Empresas Públicas de Medellín y sus filiales, y manejar igualmente la suerte de 67 mil personas que laboran en ellas. Y llamó nuevamente a la sensatez para que la administración retire el Proyecto.
El precandidato a la Alcaldía de Medellín por Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe, también se pronunció afirmando que “se desprenden una serie de inquietudes que en pleno año electoral no le hacen un favor, ni al debate público que se avecina, ni a la imagen de la actual administración. No pueden proponerse una serie de reformas administrativas estructurales de una importancia como las planteadas, con una exposición de motivos tan limitada espacial y conceptualmente, sin aclarar los porqués ni los cómo y basando la argumentación en lugares comunes vagos e imprecisos que –como se ha dicho- generan más dudas que certezas.
Se planteó, entre otras, las siguientes inquietudes: “Se conoce que EPM es un holding empresarial de servicios públicos con fines económicos y sociales definidos y plausibles ¿Cómo se enmarca un conglomerado o holding (EPM) dentro de otro conglomerado (Municipio de Medellín)? ¿Qué fines prácticos tendría? ¿Sería conveniente la duplicidad de funciones y estructuras?”
“¿Cómo afectará esta propuesta de reforma a entidades descentralizadas específicas tan importantes y notorias para la ciudad como Metrosalud o el Hospital General de Medellín? ¿Se propiciarían escisiones o que llegue capital privado (e intereses privados) allí?”
Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Medellín, Alonso Salazar, cree que el Proyecto de Acuerdo 300 debería ser discutido y socializado con los accionistas de las empresas del Municipio, especialmente con la ciudadanía que según él es la accionista principal y mayoritaria.
El concejal de la Alianza Verde, Jefferson Miranda expresa que es un mal momento para conceder facultades pro témpore al Alcalde y que para realizar una reestructuración de la Administración deben existir estudios previos de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 489 de 1998, según el cual, “las entidades descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con su autorización (…). El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política”. En tal sentido, Miranda anuncia su voto negativo al Proyecto en cuestión.
Con el Proyecto de Acuerdo 300 de 2015, presentado por el alcalde Gaviria, éste busca que le asignen facultades especiales para que en un periodo de cuatro meses tenga la autonomía de adecuar la estructura de la Administración Municipal, crear establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado y modificar las existentes y realizar modificaciones presupuestales.
