Margarita Restrepo

Por: Margarita Restrepo

Entre los muchos crímenes que cometen las Farc, está el de la extorsión. Ahora, que supuestamente han dejado las armas y suspendido sus actividades ilícitas, confirmamos que siguen extorsionando a la sociedad colombiana.

Esta vez, lo hacen con los niños que tienen en sus filas criminales, al decir que no continuarán liberándolos. Utilizan a los menores como moneda de cambio para presionar al gobierno con el fin de que éste agilice la excarcelación masiva de terroristas.

Parece entonces que Santos acordó con las Farc un “canje” en virtud del cual, él saca de las prisiones a los criminales de las Farc y esa estructura criminal, a cambio, libera a los menores. Si aquello fue lo que se pactó, entonces que nos lo digan y nos expliquen su alcance y reglas.

Frente al tema de los menores reclutados por parte de las Farc, el gobierno ha dado sobradas de indolencia y negligencia. Se debió exigir como condición para el inicio de las negociaciones, la desvinculación de la totalidad de niños esclavizados en los campamentos del terrorismo. Era lo mínimo que esperaba la sociedad colombiana.

Pero el gobierno, que estaba satisfecho “negociando en medio del conflicto”, no se conmovió con la tragedia que padecen los niños que son utilizados como esclavos, con aquellas menores que son forzadas a tener relaciones sexuales con los cabecillas de esa estructura y que cuando quedan en estado de embarazo son obligadas a abortar, so pena de terminar en el paredón de fusilamiento.

El desdén y la falta de interés con el que el gobierno ha manejado el delicado asunto de los menores reclutados por las Farc, tendrá implicaciones judiciales. Todos los que de una u otra manera, por acción u omisión, permiten el reclutamiento forzado o la permanencia de menores en las filas de estructuras armadas, son responsables del delito. Los negociadores de Santos –que supuestamente llevaban la vocería de la sociedad colombiana- no impusieron unas reglas claras en esa materia. Es la hora en que el país aún no sabe, a ciencia cierta cuántos menores tienen las Farc.

Las cifras que existen, son aproximaciones realizadas bajo distintas metodologías por organizaciones que merecen la mayor credibilidad. Todo indica que las Farc tendrían más de 2 mil menores reclutados y, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la guerrilla hasta ahora ha devuelto solamente a 76. ¿Dónde están los demás? ¿Cuál fue la suerte de ellos? ¿Continúan vivos?

Es evidente que a nadie en el gobierno colombiano le interesa absolver esos 3 interrogantes que resultan fundamentales, porque, como lo llevo diciendo desde hace bastantes meses, podríamos estar ante una catástrofe humanitaria de incalculables consecuencias, en la que la actitud dócil y complaciente del presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habría facilitado su ejecución.

Preocupa mucho la reciente salida en falso de la Unicef. No es aceptable, desde ningún punto de vista, que esa entidad de las Naciones Unidas, exhiba una actitud tan poco proactiva para lograr que los menores reclutados por las Farc sean liberados y puedan regresar al seno de sus hogares. Merece todo el rechazo el comunicado recientemente emitido, en el que los representantes de ese organismo en Colombia hayan aseverado que “ratifican su apoyo y disposición para seguir acompañando estas acciones y reitera que la niñez y adolescencia en Colombia debe disfrutar de las medidas necesarias para la prevalencia de sus derechos”.

Cuesta entender que Unicef que ha sido tan activa en la lucha contra el reclutamiento y esclavización de menores en el mundo, tenga una actitud tan pasiva y dócil en el caso colombiano, porque el reclutamiento de niños en nuestro país es un crimen de tracto sucesivo, que se sigue cometiendo en el tiempo y en el espacio mientras la víctima esté en poder del grupo armado ilegal. Así las cosas, las Farc perderían sus beneficios jurídicos, pues este delito se ha seguido cometiendo con posterioridad a la firma del acuerdo final.