Por: Jaime Jaramillo Panesso
Para que funcione el aparato estatal se necesitan los impuestos y las utilidades de empresas estatales. Pero es en la ciudadanía de donde más recurren los gobernantes para obtener recursos financieros. Un gobierno derrochón que gasta en elementos suntuarios o en sueldos a funcionarios ineptos o sobrantes en la nómina causan rechazo entre quienes pagan obligatorias sumas de sus ingresos que se trasladan al gobierno central para conformar el presupuesto de la nación. Para que no se escapen los habitantes que están en el listado de los contribuyentes, el gobierno tiene a sus más afilados perros de caza: el Ministerio de Hacienda y la Dian.
Una comisión de altos y distinguidos ciudadanos, con el apoyo de técnicos extranjeros, ha propuesto nuevas cargas tributarias. Se dice en los mentideros bogotanos que con esta tabla de novedosos impuestos, el Presidente y sus acólitos, en compañía de los farianos reinsertados en la democracia posconflictiva, verán los sueños victoriosos exprimidos del materialismo dialéctico y del empiriocriticismo social-cristiano, bajo la inspiración de los dos Franciscos y la libreta de apuntes del serpismo utópico. Una coalición ideológica que respalda los nuevos y originales impuestos.
Impuesto al consumo de aire. Cada ciudadano colombiano, mientras resida en el país, pagará el 5 por ciento de su salario básico o de sus ingresos mensuales. Este impuesto se aplicará a conservar el medio ambiente.
Impuesto a caminantes urbanos. Los ciudadanos colombianos que residan en los cascos urbanos de las ciudades y municipios de más de 1.000 habitantes contribuirán con el 2 por ciento de sus ingresos semestrales. Se justifica este rubro por el uso de las aceras y puentes peatonales a los cuales se aplicará lo recaudado mediante disposiciones del Ministro de Hacienda.
Impuesto al bostezo. Está orientado a estimular el trabajo, la fuerza laboral, el sentido de la producción manual, que en la actualidad se ven amenazados por el bostezo, signo de la pereza, madre de todos los males de la República. Este gravamen será recaudado por funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Cada bostezo pagará al tesoro nacional la suma del 3 por ciento de las prestaciones laborales anuales de los trabajadores formales, incluyendo los empleados públicos.
Impuesto a los gases estomacales. Este gravamen se justifica en defensa del medio ambiente. Como se desconoce el número de evacuaciones de habitante/día, se presume de facto que los adultos mayores de 18 años producen gases que afectan la convivencia. Toda persona por encima de esa edad contribuirá con el 1 por ciento del salario mínimo bimensual.
Impuesto a los entierros o eventos fúnebres. Cada muerto, difunto u occiso que celebre su familia un acto fúnebre debe contribuir con el 10 por ciento de los bienes testamentarios. Este gravamen será aplicado por la Presidencia en forma directa a la paz, es decir, a los planes de desarrollo por la vida de los grupos ilegales desmovilizados.
Impuesto a los errores públicos de ortografía. Con el laudable fin de corregir los desconocedores de las reglas del castellano que nos legaron nuestros padres y que son de obligada escritura y el buen hablar, aquellos ciudadanos que escriban en periódicos, libros, gacetas, hojas volantes, carteleras y medios similares, al igual que los presentadores de noticias en los canales de Televisión o en la radio que pronuncien mal las palabras del idioma español, deberán pagar al tesoro nacional la suma de la cuarta parte del salario mínimo vigente, por cada error cometido.
Impuesto a las carcajadas. Todo ciudadano está obligado a respetar al jefe de estado. El ruido de tanta carcajada al paso del Señor Presidente es un atentado contra las buenas maneras consagradas en el Manual de la Paz y la Reconciliación. Se hará un censo de carcajadas críticas y de su resultado se aplicará una tasa del 4 por ciento a los ingresos personales del “carcajadonte”. Impuesto de carácter temporal.
Impuesto al uso de bicicletas y patines. El uso del espacio público por donde se desplazan estos vehículos, amerita crear un impuesto para el mantenimiento de vías y caminos que usen los ciclistas y patinistas. Por lo tanto dichos ciudadanos deberán obtener placas y registro en Mintransporte y pagar una vez al año el 12 por ciento del salario que reciba cada alcalde municipal.
La Comisión de expertos tributaristas que aconsejan los impuestos descritos, están seguros de que Colombia saldrá de su crisis fiscal actual y recomienda su aplicación, aprovechando los poderes pro témpore concedidos por el Congreso al Señor Presidente.
