La educación ambiental en Colombia sigue en pañales, afirma Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, quien es el coordinador de la Comisión Accidental del Concejo de Medellín encargada de evaluar y hacerle seguimiento a la política pública de educación ambiental. Se refiere el “econcejal” a que los establecimientos públicos y privadas del país no están cumpliendo el Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, según el cual deben incluir proyectos ambientales escolares en sus proyectos educativos institucionales. El Concejal conservador recuerda que desde enero de 1995, los PRAES debieron haber empezado a hacer parte de los PEI, para crear conciencia ambiental desde los niveles preescolar, básica y primaria, y coadyuvar a la solución de los problemas que en materia de este derecho constitucional de Tercera Generación, vienen afectando la calidad de vida de la humanidad.
“Pero, en realidad, no hay coordinación, ni coherencia, ni prospectiva, ni sostenibilidad. Es evidente la desarticulación, en Medellín, entre las secretarías de Medio Ambiente y de Educación. La implementación y ejecución de la política pública de educación ambiental, es sólo teoría; en la práctica no hay recursos direccionados a ejecutar los proyectos ambientales escolares”, precisa el concejal Echeverri Alvarán. Agrega que hay que reconocerle al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental –CIDEA-, un gran esfuerzo por promulgar las políticas de educación ambiental, pero que su ejercicio se queda corto por falta de voluntad política de quienes deciden.
Nicolás Albeiro Echeverri explica la necesidad de que todos los actores implicados encaminen sus esfuerzos hacia la presentación, debate y aprobación de un Acuerdo Municipal que garantice el cumplimiento del Decreto 1743 de 1994. “El objetivo es que los proyectos educativos ambientales se vean reflejados en el Plan de Inversiones de Medellín, para que cuenten con recursos propios del Municipio y de la sobretasa ambiental, y como política pública se tengan que ejecutar, haciéndolos pragmáticos”, manifiesta el “econcejal”.
Hasta el 1 de septiembre del presente año dio plazo el coordinador de la Comisión Segunda para entregar un documento que les sirva a la Secretaría de Hacienda y a la Dirección de Planeación de Medellín, para definir el presupuesto necesario para hacer reales y prácticos los proyectos de educación ambiental.
