Por: Alfaro García
La situación y la percepción de inseguridad en los municipios y ciudades colombianas en los últimos dos años, hizo que el gobierno de Juan Manuel Santos llevara al Congreso de la Republica el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, el cual ya fue aprobada, sancionada y promulgada.
Ahora la Ley de Seguridad Ciudadana nos promete que los jueces, los fiscales y la fuerza pública tendrán más herramientas para combatir y castigar a los delincuentes y criminales; sólo esperamos que no sea una promesa más como muchas leyes existentes incumplidas.
Para que no sea así, es necesario que esta Ley pueda identificar plenamente las manifestaciones de los delitos y los crímenes para su efectiva represión policial, militar y judicial. No debe ser difícil, porque todos tenemos en claro que la delincuencia común, el crimen organizado, los grupos armados ilegales y las organizaciones asociadas al narcotráfico, son algunas de esas expresiones ya definidas.
Pero la Ley de Seguridad Ciudadana también debe considerar los factores que generan el crimen, la delincuencia, la inseguridad y la violencia, para formular e implementar políticas públicas de prevención en zonas urbanas y rurales del país. Esos factores que, indudablemente, originan la inseguridad ciudadana en Colombia son:
– La pobreza
– El desempleo
– La falta de acceso a oportunidades en educación, salud, servicios públicos domiciliarios y vivienda digna
– el desplazamiento forzado
– La violencia intrafamiliar
– La corrupción
– La impunidad en el sistema judicial
– Un sistema penitenciario y judicial débil para prevenir y sancionar
– La violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales
El reto de la Seguridad Ciudadana es analizar los factores generadores de la violencia y sus manifestaciones, con el fin de ejecutar acciones no sólo para su represión militar y policial sino, especialmente, para su prevención en las comunas y corregimientos de Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá y de Antioquia.
Indubitablemente, la Seguridad Ciudadana debe analizarse con un enfoque integral, bajo las dimensiones de la represión y prevención que aseguren convivencia y tranquilidad a los ciudadanos, porque tener más jueces, fiscales y fuerza pública no necesariamente asegura la convivencia y la paz de una sociedad.
