“La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, es una entelequia para los desplazados intraurbanos de Medellín”.
Esta afirmación del concejal Roberto Cardona se sustenta en la exclusión que la norma hace para las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, que operan en varios barrios de Medellín, y que según el Gobierno, no son ni guerrilleros ni paramilitares.
“El parágrafo 3º. del artículo 3º. de la Ley en comento, dice que no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. ¿Y quiénes conforman las bandas y los combos que se han venido apoderando de muchos de los barrios de la Ciudad? Aunque algunos tengan un origen paramilitar, son delincuencia, muy organizada, pero común”, se pregunta y se responde el Concejal por el Movimiento Firmes.
Roberto Cardona agrega que a esta encrucijada jurídica se suma el largo tiempo que dura el proceso de reconocimiento de la condición de víctimas y la falta de albergues. La respuesta que les da el Gobierno es una falsa solución: “la sugerencia que les hace el Gobierno a las víctimas del desplazamiento intraurbano, es que acudan a sus familiares. Pero, generalmente, estas familias comparten el mismo barrio o la misma comuna”, comenta con preocupación el Concejal. “Así que, realmente, no tienen adónde ir”, precisa.
Concluye que lamentablemente, algunas familias desplazadas se ven obligadas a retornar a sus casas donde se encuentran con la muerte, porque los delincuentes no olvidan ni perdonan.
“Y en el mejor de los casos, los muchachos terminan reclutados como actores al servicio del crimen, y las muchachas sometidas a la prostitución, porque es la única manera de proteger la vida de sus padres y hermanos”, explica Cardona, quien agrega que las viviendas son utilizadas por la delincuencia para guardar armas o expender droga, con la complicidad obligada de quienes o lo hacen, o se desplazan o se mueren.
En 2012 fueron 176 grupos familiares los desplazados de las comunas 3, 4, 8, 10 y 13. Corresponden a 524 personas desplazadas, 267 de las cuales son niños que terminan desescolarizados, recomenzando el círculo vicioso de la falta de educación y de oportunidades, que son germen de la inequidad, la pobreza, la violencia y la inseguridad.
El concejal del Movimiento Firmes, Roberto Cardona, propone, además, que el Legislativo debe resolver el vacío jurídico del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, y que la Administración de Medellín cree albergues en los corregimientos para que los desplazados intraurbanos desarrollen proyectos económicos mientras se les cumple efectivamente con atención, asistencia y reparación integral.
