El contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, se declaró respetuoso respecto de la información dada a conocer por la diputada Ana Cristina Moreno Palacio sobre los hallazgos del Ente de control fiscal como resultado de la Auditoría Especial realizada a Hidroituango, por solicitud expresa de la Asamblea Departamental de Antioquia. Según la Diputada de Centro Democrático, entre otros resultados de la Auditoría, la administración del exgobernador Sergio Fajardo cedió a EPM los derechos políticos de las acciones de la Gobernación y del IDEA en Hidroituango, por un período de un año y con una contraprestación de 35 millones de dólares, con los que se construyeron los Parques Educativos.
El contralor Zuluaga Peña afirma que debe respetar el debido proceso de las personas presuntamente responsables en lo fiscal, lo disciplinario y lo penal. Dice que, específicamente en lo fiscal, la Contraloría debe realizar las investigaciones pertinentes y él, como Contralor General, funge como segunda instancia a la que no le es permitido opinar en medios, corriendo el riesgo de prejuzgar y violar el derecho a la defensa con todas las garantías.
Para el Contralor General de Antioquia, el control político que debe hacer la Asamblea está articulado con el control fiscal que es función de la Contraloría, según está consagrado en el artículo 123 de la Ley 1474 de 2011. Pero también es posible hacer alianzas con la academia y otras organizaciones que permitan conformar grupos de veedores ciudadanos que permitan ejercer control fiscal social con fines preventivos (artículo 121 de la Ley 1474).
Se refiere el Contralor a que la lucha contra la corrupción a través de la participación de todos los actores sociales no solo es posible sino que es un compromiso, de tal manera que no se piense que alcanzar una sociedad sin corrupción es una utopía.
