El Estado no está cumpliendo debidamente el mandato constitucional de dar satisfacción al derecho a la salud de los antioqueños, fue la conclusión general de los concejales de Medellín después de analizar las anomalías en la prestación de ese servicio en la ciudad y el departamento, especialmente en la atención de segundo, tercero y cuarto niveles.
Estas son las conclusiones presentadas por el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, quien promovió el debate con los cabildantes Santiago Londoño Uribe, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y Esteban Escobar Vélez:
– El Estado no está cumpliendo debidamente los principios constitucionales enmarcados en los artículos 48, 49 Ley 100 de 1993 y demás decretos, leyes, acuerdos del Concejo de Seguridad Social en Salud y normas que regulan el derecho a la salud.
– El Estado, en su modelo de salud, obliga a que se busque una rentabilidad económica en detrimento de la rentabilidad social y el bienestar de la población, en lo concerniente a los Derechos a la salud.
– Es preocupante el número de tutelas y esto evidencia las falencias en el sistema de salud que tenemos.
– No se destinan por parte del Estado los recursos suficientes y necesarios para garantizar la atención de la población afiliada al régimen subsidio y la población pobre no afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud.
– La red está colapsada, sobre todo en lo que tiene que ver con el tercer nivel de complejidad y en la oferta de la subespecialidades médicas. Por tanto, se recomienda a las universidades que amplíen sus cupos en subespecialidades médicas, de tal manera que se pueda responder a la demanda existente.
– La DSSA no cumple suficientemente las funciones encomendadas por el SGSSS, en lo concerniente a garantizar la atención en salud de los segundos y terceros niveles de atención y de complejidad.
– Que la DSSA gestione los recursos financieros suficientes y necesarios para garantizar la atención en salud a la población que es de su competencia y pague a las IPS y las instituciones que le prestan servicios oportunamente, para que los usuarios no sufran traumatismos en la atención.
– En cuanto a las competencias, cada actor tiene una responsabilidad con la vida y este debe ser el eje de nuestras actuaciones políticas, técnicas, científicas, ciudadanas.
– Vigilar y realizar seguimiento a ARS como Salud Vida y Emdisalud, por las irregularidades que presenta en los pagos de sus afiliados.
– Que Metrosalud, aun sin ser su competencia, fortalezca el segundo nivel de atención y contrate especialistas con salarios competitivos.
– Existe tramitología en la remisión de pacientes, lo cual dificulta el acceso oportuno a la prestación de los servicios de salud. – En el tercer nivel de atención la contratación es limitada.
– ¿Cómo responden los entes territoriales con sus responsabilidades frente a un modelo que no facilita las condiciones para garantizar la salud de las poblaciones?.
– La actual reestructuración del CRAE y el CRUE no es favorable para el garantizar el acceso oportuno a la prestación de servicios de salud a los ciudadanos y ciudadanas, pues son insuficientes para dar respuesta a la demanda existente. Con esta situación se perjudica las condiciones de salud de las personas que en muchas ocasiones empeoran su patología, regresan a sus casas sin un tratamiento y, en el peor de los casos, pueden morir.
– En cuanto a las EPS públicas y públicas y privadas deben asumir realmente las funciones asignadas en SGSSS y que no hagan el quite a lo pactado y contratado.
Y estas son las conclusiones del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
– La ciudad y el departamento requieren la construcción de una verdadera red de referencia y contrarreferencia.
– Se requiere de un compromiso efectivo de todos los estamentos: político, social, ciudadano, económico y de todos los actores del sistema de seguridad social para abordar esta problemática.
– El Ministerio de la Protección Social y la Superintencia de Salud deben intervenir decididamente en el control.
– Los órganos de control (Personería y Contraloría), dentro de sus competencias deben intervenir para la defensa de los derechos de los ciudadanos y en el flujo eficiente de los recursos, para garantizar la verdadera función del Estado.
– El trabajo intersectorial es fundamental, el estudio de la capacidad instalada, el flujo eficiente de los recursos; debe ser motivo de investigación para la toma de decisiones.
– El sistema sancionatorio debe ser efectivo en los casos que se requiere.
– La cobertura en seguridad social del 100 por ciento de la población de Medellín debe ser no solo un reto sino un compromiso, además de ser una obligación.
– Es necesario rescatar los valores éticos, el compromiso social y la responsabilidad de todos los órganos, para garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la seguridad social.
