Por: Juan David Palacio Cardona*
En un país en vía de desarrollo como Colombia, las juntas urbanísticas son fundamentales para planificar y construir ciudades amigables con el medioambiente y con una infraestructura que respete la normatividad.
La capacidad de las personas de desarrollar ideas inicia con el deseo para luego llevarlas a la realidad. Es ahí cuando aparecen los temas técnicos y con ellos los ingenieros, arquitectos, calculistas, diseñadores y constructores, entre otros, para darles vida a los diferentes proyectos como puentes, vías, edificios, casas e infraestructura de uso público y privado.
La planificación del territorio, en cabeza de las gobernaciones y alcaldías no siempre está como debería, porque sin distinción de que existan Planes Básicos (PBOT), Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes Maestros, en ocasiones aparecen actores –casi siempre privados- que tienen la capacidad de modificar lo que se proyecta y ejecuta desde la institucionalidad, desconociendo los análisis técnicos y deliberaciones que adelantaron -en muchas ocasiones- los órganos colegiados como las Asambleas y Concejos.
Todos podríamos ser parte de la solución, teniendo consciencia de que detrás de cualquier intervención a la infraestructura pueden surgir impactos adversos, lo que nos lleva a hablar de adaptabilidad y de gestión de riesgos pues, por encima del deseo, se debe conservar el rigor técnico en los diseños y la construcción: no se trata de edificar en cualquier lugar, con una estética agradable a los ojos de todos, sino de ser responsables y reconocer que antes de todo existen ecosistemas y un entorno natural que debe ser parte integral del diseño y el proceso constructivo. Además se deben asegurar unas condiciones urbanas mínimas, como la disponibilidad de servicios públicos y transporte para la gente, porque posiblemente después no se podrán incorporar.
El patrimonio arquitectónico de los territorios se ve constantemente alterado y destruido para erigir edificaciones vanguardistas que, incluso, no respetan la identidad. Es por ello que debemos avanzar hacia la consolidación de juntas urbanísticas que garanticen y definan la línea urbanística de las ciudades, en la que se guarde una proporción y un orden en las obras, y que a la par logren el cumplimiento de las normas.
Por ejemplo: que los ingenieros calculistas entiendan que no solo se trata de ahorrar en los materiales y generar mayores utilidades económicas, sino que las razones éticas deben estar por encima porque su labor puede ser tan importante como la de un médico en un cirugía que, si no opera bien, todo puede terminar en una tragedia. En el caso de los calculistas o los constructores, si fallan, ponen en riesgo la vida de las personas y el patrimonio que para ellos fue un sueño tener.
Es claro que con el desarrollo se buscan nuevas zonas para construir, pero es necesario que estos lugares sean elegidos y definidos de manera responsable y consciente, evitando así que ocurran situaciones de riesgo y se generen proyectos que alteren los espacios de conectividad ecológica y funcional o, como es común, se interfieran de manera irresponsable las aguas superficiales y subterráneas que afectan de manera directa nuestro medio.
Cerca del 55 por ciento de la población mundial vivimos en las ciudades, lo que quiere decir que los riesgos para atender los eventos catastróficos se incrementarán en la medida que las conurbaciones crezcan. Ningún país está exento de un terremoto o que un edificio se derrumbe, como ocurrió recientemente en Miami, o que un puente de vehículos caiga. Y estos eventos de riesgo cada vez serán mayores por la falta de disciplina a la hora de planear.
Pero hay otro factor: el cambio climático, que ha ocasionado que tengamos episodios de lluvias más extremos, con lo cual los suelos tienden a saturarse de agua y se presentan deslizamientos. De otro lado, en temporada seca, estos se erosionan y pierden estabilidad.
Por lo anterior, en un país como Colombia, que está en vía de desarrollo, deberíamos definir y crear mecanismos de exigencias para controlar a las curadurías, en relación con lo que emiten o aprueban, pues no merece que con la falta de responsabilidad de algunos se pongan en riesgo la vida, la salud y el patrimonio de las personas.
Entre todos, somos capaces de construir instrumentos de control social efectivos.
*Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
@JDPalacioC
