Ramón Elejalde
Jorge Alberto Rojas Otálvaro, contralor de Antioquia, continúa su labor de entronización de la politiquería y del clientelismo en esa entidad, otrora exhibida como de las únicas que funcionaban bien en todo el País. A principios de este mes despidió a 35 funcionarios de carrera, muchos de ellos cabeza de familia, una mujer en embarazo y líderes sindicales, algunos con fuero, todos ellos personas competentes y honestas.
Martha Nelfy Botero, Luz Hurtado, Doris Arrubla, Noelia Lopera, Gilma Restrepo, Martha Múnera, María Isabel Tabares, Regina Villanueva, Anadelfa Rivera y Piedad Cecilia Gaviria son madres cabeza de familia, despedidas con claros fines clientelistas de Rojas Otálvaro (¿o el Bárbaro?). Martha Cecilia Múnera Ramírez está en embarazo. Pero fuera de esto el Contralor arremetió contra la Asociación de Empleados Públicos de la Contraloría General de Antioquia, Asepucoga, de la cual despidió a 21 agremiados.
Esta asociación, para claridad de mis lectores, no es ninguna institución de izquierda. Está presidida por Sergio Eduardo Tamayo Gaviria, hermano del dirigente conservador Raúl Tamayo Gaviria, con 22 años de servicio a la contraloría en forma transparente y responsable, que también fue víctima de Rojas “El Bárbaro”. Con fuero sindical salieron, o les notificaron su salida a esperas del levantamiento del fuero (ir fusilando mientras llega la orden), fuera de Tamayo Gaviria, los empleados Jaime Pabón Quiceno, Anadelfa Rivera, María Isabel Tabares, Martha Botero, Camilo Arturo Castañeda, entre otros.
Es bueno recordar que ya el Contralor había despedido a más de 80 empleados de esa dependencia hace un año, asunto que le valió muchas críticas, episodio en el cual perdió muchas tutelas. Lamentablemente algunos jueces que le ordenaron reintegrar funcionarios, fueron pusilánimes al momento de resolver los incidentes de desacato. Existió un caso donde el Contralor cumplió la tutela reintegrando al funcionario y luego de dos meses lo despidió nuevamente. El Juez respectivo dijo, sin sonrojarse, que Jorge Rojas cumplió la orden judicial reintegrándolo. Los derechos fundamentales de las personas convertidos en meros enunciados constitucionales, normas semánticas que el intérprete aplica a su amaño.
“El contralor desde que tomó posesión del cargo se la ha pasado de tumbo en tumbo, tratando de ver cómo vincula a sus amigos, copartidarios y cuotas de los diputados de la coalición de Gobierno, amigos o parientes de magistrados, recomendados del Gobernador y despidiendo a los funcionarios con experiencia”, afirmaron en un comunicado público algunos empleados de la Contraloría. El Contralor siempre nos dijo que sus determinaciones eran para tecnificar esa Entidad. La verdad es que los 136 cargos que creó de libre nombramiento y remoción, hace un año, son simples cuotas politiqueras. Algunos de esos nombrados hace un año, fueron después retirados por solicitud del diputado que los recomendó. La mediocridad, la politiquería y el clientelismo apoderados de la Contraloría de Antioquia.
Pero mientras el Contralor hace politiquería, en la Gobernación, sus vigilados, hacen fiesta. Le recomiendo a Jorge Rojas poner atención sobre lo que se dice públicamente de la construcción futura de 2.000 viviendas en Antioquia; sobre las compras y contratos del Dapard; sobre los contratos en infraestructura física, muchos de ellos realizados bajo el amparo de la urgencia manifiesta; sobre la futura y posible actualización catastral en los municipios; sobre la microcentrales proyectadas; sobre la doble calzada Bello-Hatillo; sobre los verdaderos dueños de la distribución de licores en Risaralda. Denuncias sobre estos casos, con nombres propios, escucharon periodistas amigos suyos hace pocos días. Contralor, no es presentando simples datos, como sucedió con sus informes sobre los hospitales de Antioquia, sino cuidando la platica de los antioqueños como se ejerce con eficiencia ese cargo.