Por: Margarita María Restrepo
En esta tercera columna sobre los mil días del proceso de paz en La Habana, quiero hacer referencia a los efectos internacionales de la negociación que adelanta el Gobierno con los terroristas de las Farc.
Juan Manuel Santos nos ha dicho en todos los tonos que el mundo entero respalda su proceso de paz. Para justificar sus palabras ha emprendido sendas giras por diferentes países para promocionar ante mandatarios extranjeros los avances de la negociación y, de paso, para tomarse las fotos de rigor.
Pero, ¿está el mundo entero caminando por el mismo sendero de Juan Manuel Santos? Veámoslo a la luz de la realidad global, cada vez más consciente del peligro que encarnan las organizaciones terroristas.
En plena guerra contra los grupos que utilizan el terror para amedrentar a la población civil, pareciera contraevidente que algún gobierno democrático estuviera de acuerdo con un proceso de paz que no incluye castigos efectivos a los responsables de crímenes de lesa humanidad y contravenciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Igualmente, tal y como ya se nos dijo, aquellos miembros de las Farc que están siendo solicitados por jueces de otros países para que respondan por delitos de narcotráfico, secuestro y homicidio, no serán, en virtud del acuerdo de paz, extraditados.
Llama mucho mi atención un hecho que ha pasado desapercibido. Si en efecto la comunidad internacional, léase Estados Unidos y los países que integran a la Unión Europea, respaldan decididamente el proceso de paz entre el gobierno de Santos y las Farc, entonces ¿cómo entender que esa organización aún esté incluida en sus respectivas listas de grupos terroristas?
Igualmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aún sigue reclamando la extradición de los cabecillas de las Farc para que respondan por narcotráfico. Basta con ingresar a la página de la DEA para encontrar que el primer nombre en la lista de los más buscados por la corte en la ciudad de Miami es José Benito Cabrera, alias “Fabián Ramírez”.
Los problemas de Colombia, ciertamente no son los problemas del mundo. Está claro que todas las naciones con las que nuestro país mantiene relaciones están de acuerdo con que alcancemos la paz. Pero, ¿esas mismas naciones estarán dispuestas también a que, por cuenta de la negociación adelantada con Santos, los crímenes por los que reclaman en extradición a los jefes de las Farc queden impunes? ¿Será que el día que la guerrilla “deje” las armas, de manera mágica quedarán borrados de todos los sistemas judiciales del mundo los procesos contra esos jefes terroristas? La respuesta salta a la vista de todos y es un rotundo e incontrovertible no.
Y eso será un problema con el que tendremos que lidiar los colombianos. Mientras los tribunales de ultramar demandan la extradición de las Farc, nosotros estaremos imposibilitados de cumplir con esa exigencia. Y así, poco a poco, terminaremos convirtiéndonos en un país paria, en un refugio de mafiosos.
El narcotráfico es un delito autónomo que, en virtud de tratados internacionales que Colombia ha suscrito y ratificado, no puede, bajo ninguna circunstancia, ser considerado como conexo a delitos de tipo político.
La tiene difícil el doctor Juan Manuel Santos Calderón, porque una cosa es lo que él pacte con sus contertulios de La Habana y otra muy distinta lo que le ordenan las normas que integran nuestro bloque de constitucionalidad.
