Mediante la Resolución 061 del 14 de enero de 2010, el Ministerio de Educación Nacional ordenó la apertura de investigación al Instituto Tecnológico Pascual Bravo, Institución Universitaria, y a sus directivos, con el fin de verificar el incumplimiento de las normas de educación superior, en el proceso de elección del rector para el período 2010 – 2015.

Para abrir la investigación, entre otras consideraciones, el Ministerio tuvo en cuenta que el pasado 18 de diciembre el Consejo Directivo del Pascual Bravo reeligió por segunda vez a María Consuelo Moreno Orrego, para otro período de cinco años, pese a que el secretario de Educación de Medellín y presidente del Consejo Directivo de la entidad educativa, Felipe Andrés Gil Barrera, había aplazado la sesión. Aparentemente hubo falta de quórum. Además había una recusación presentada ante el Consejo Directivo por una de las aspirantes a la rectoría, con fundamento en una presunta falta de garantías de objetividad, transparencia e imparcialidad, así como un posible conflicto de intereses por parte de funcionarios que a la vez eran candidatos y miembros del Consejo Académico y Directivo.

 

El ex presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, había denunciado en diciembre la falta de transparencia de parte de la administración del Pascual Bravo, debido a que había conflicto de intereses entre las personas encargadas de la elección. En ese momento pidió al Gobernador de Antioquia, al Alcalde de Medellín, a los secratarios de Educación de Medellín y de Antioquia y al Ministerio de Educación Nacional, que pararan el proceso, y se implementara un  mecanismo de elección transparente.

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