Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia actualmente suspendido y con detención domiciliaria, informó que radicará ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de nulidad de la medida de aseguramiento, la cual le fue impuesta por el Fiscal Primero delegado ante el Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria.
“La decisión de la Fiscalía es muy dolorosa e indignante para mí personal y familiarmente y desde el punto de vista institucional para nuestra Antioquia genera una costosa inestabilidad que adicionalmente afecta el desempeño en la atención, hoy absolutamente prioritaria, a la pandemia del Covid-19 y el acompañamiento al proceso de Reactivación Económica y Social”, manifestó el Gobernador.
Explicó que la decisión del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, “es abiertamente contraria a la Ley, la Justicia y la Dignidad Humana, denota un interés mayor en los titulares de prensa que en los fundamentos jurídicos. Necesariamente nos invita a reflexionar sobre este proceder, mientras la impunidad es del 94%, y la Fiscalía enfrenta condenas por 2 billones de pesos por detenciones arbitrarias precisamente y demandas en curso cuyas pretensiones ascienden a 60 billones de pesos”.
Dijo que tiene tranquila su conciencia, pues ha obrado siempre con transparencia y rectitud.
“En mi caso personal se hará justicia restituyendo mi reputación y buen nombre, y regresando a la responsabilidad que me dio el pueblo de Antioquia de guiarlo en este momento histórico”.
Por ello, anunció que hará valer sus derechos radicando una solicitud de revisión de la medida de aseguramiento “para que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare su nulidad, según lo que señala el artículo 392 de la Ley 600”.
Aníbal Gaviria Correa agradeció el respaldo, apoyo y solidaridad de las personas e instituciones de Antioquia y Colombia con su situación judicial originada en el contrato que celebró la Gobernación de Antioquia para construir la Troncal de La Paz en el Bajo Cauca.
Precisó que sobre los cuestionamientos de la Fiscalía, ninguno tiene connotación delictiva y que, no obstante no haber firmado los contratos, considera que los funcionarios que por su delegación actuaron en esa contratación, lo hicieron cumpliendo la ley y que las obras fueron ejecutadas ejemplarmente.
