Por: Daniel Largo.
En los últimos días, ha salido a la luz una serie de información alarmante que pone en entredicho la gestión de Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), en la adquisición de 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos destinados para suministrar agua en La Guajira.
La empresa que vendió estos vehículos, Comercializadora Agrodomínguez SAS, constituida en Cúcuta en octubre de 2017 con un capital inicial de apenas 5 millones de pesos, levanta sospechas desde su creación. Inicialmente dedicada al comercio de materiales de construcción y repuestos de carros, su repentina incursión en la venta de carrotanques sin experiencia previa en el rubro resulta altamente cuestionable.
Las cifras son reveladoras y plantean serias interrogantes. ¿Cómo es posible que una empresa con un capital inicial tan modesto haya logrado realizar una transacción de más de 46.800 millones de pesos con la UNGRD? Cada uno de estos carrotanques, que hasta el momento no han suministrado una gota de agua en La Guajira, nos está costando la astronómica cifra de 1.170 millones de pesos.
El director de la UNGRD, Olmedo López, ha tratado de justificar la situación, argumentando que los vehículos se encuentran en proceso de adecuación en el batallón Matamoros, bajo la decisión de la UNGRD. Sin embargo, estas explicaciones resultan insuficientes ante la falta de experiencia de la empresa proveedora y las irregularidades que rodean todo el proceso.
El caso se complica aún más al conocerse la relación entre Olmedo López y el contratista, Roger Alexander Pastas Fuertes, quien, según la información disponible, financió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018. Este mismo director de la UNGRD fue suspendido por la Contraloría durante un mes por irregularidades en su gestión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La integridad de la gestión pública se cimienta en la transparencia y la rendición de cuentas, valores fundamentales que resultan vitales para la confianza ciudadana. En este contexto, la falta de claridad y los indicios de corrupción que rodean el caso en cuestión son totalmente inaceptables. Se vuelve imperante que el presidente de la república intervenga de manera decisiva, apartando a Olmedo López de su cargo y facilitando una investigación exhaustiva sobre los procesos de asignación de puestos en la entidad, con el fin de confirmar o descartar cualquier transacción indebida.
Este asunto adquiere una gravedad extrema y requiere la atención inmediata del más alto nivel gubernamental. No solo se encuentra en juego una parte significativa del patrimonio nacional, sino también la credibilidad del mandatario y su reputación personal. La sombra de malos manejos en este caso amenaza con empañar la confianza depositada en el liderazgo presidencial, haciendo necesario abordar esta situación de manera firme y transparente.
La Contraloría ya ha anunciado que está investigando el caso, y es fundamental que este proceso sea riguroso y transparente. La ciudadanía merece respuestas claras sobre el destino de esos 46.800 millones de pesos y por qué los carrotanques permanecen estacionados sin cumplir su función en La Guajira. La confianza en las instituciones se ve amenazada cuando situaciones como esta salen a la luz, y es responsabilidad del gobierno restaurarla a través de acciones concretas y transparentes.
