De nuevo el uribismo protagoniza una batalla contra otra orilla de la opinión política que representa, como lo hizo en 2016 en el Plebiscito por la Paz. Sin embargo, hoy pasa de la negación a la afirmación: el 2 de octubre de 2016 hizo todo lo posible por garantizar que la gente votara por el “NO” a una paz estable y duradera, recurriendo a la estrategia de la indignación y la rabia, como lo asegurara Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña por el “No”. Ahora hace lo necesario por el “SÍ” a la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
Habiendo la Registraduría Nacional del Estado Civil anunciado el pasado 24 de diciembre la aceptación de 133.248 firmas válidas de las 383.685 recogidas, los promotores esperan que el Gobernador de Antioquia convoque a elecciones, para que los participantes en el mecanismo democrático voten diciendo que “SÍ” es su voluntad revocar el mandato de Quintero Calle.
En la otra orilla, serán los defensores de la gestión del Alcalde de Medellín, elegido el 27 de octubre de 2019 con 303.430 votos, quienes enarbolen la bandera del “NO” a la revocatoria del mandato, invitando a la abstención, pues el objetivo es impedir que se cumpla con el umbral necesario para validar el resultado que esperan los uribistas: “se requiere del voto de la mitad más uno de los ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 40% de la votación total registrada el día en que se eligió al mandatario en un primer momento”, correspondiente a 314.720 personas.
De nuevo no importarán argumentos objetivos para demostrar las razones que preceden la intención uribista de revocarle el mandato a quien le ganó las elecciones a su candidato Alfredo Ramos, sino las emociones y las aseveraciones cargadas de pasiones, como ocurrió con el Plebiscito por la Paz.
De hecho, los argumentos que entraña la Ley 1757 de 2015, estatuto de la participación democrática en Colombia, han sido soslayados por los promotores de la revocatoria: la insatisfacción general de la ciudadanía o el incumplimiento del programa de gobierno del mandatario. Frente a este, el Gobierno del Presidente elegido por Centro Democrático, el mismo partido político revocador, a través de su Departamento Nacional de Planeación le otorgó a la Alcaldía de Medellín, en noviembre pasado, el Premio Nacional al Mejor Plan de Desarrollo de Colombia. Además, la Alcaldía que pretende ser revocada obtuvo en este 2021 el Premio a Mejor Desempeño Fiscal, Premio al Mejor Índice de Desempeño y Premio Nacional de Alta Gerencia.
Respecto de la insatisfacción general, las encuestas le han dado el más alto porcentaje de favorabilidad a Daniel Quintero Calle entre los demás alcaldes del País: la más reciente encuesta de Datexco para La W dio como resultado que el de Medellín es el alcalde con más alta favorabilidad, con el 69%.
Así que el argumento de los revocadores ha ido mutando a afirmaciones como que Daniel Quintero debe ser revocado porque “es enemigo de los empresarios antioqueños” o pretende acabar con EPM y con Hidroituango o, la más reciente, porque se trata de un gobierno amigo del candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro.
Este proceso revocatorio deja en claro que las razones plasmadas en la Ley no tienen importancia alguna, pues pese a que no se cumplan como requisito, no son óbice para que la intención revocatoria persista, siempre y cuando haya firmas que la respalden.
Al final, este será otra batalla de opiniones, lejana de planteamientos ideológicos profundos, en la que unos harán todo lo que esté a su alcance para que más electores vayan a las urnas a apoyar la opinión del “SÍ” debe ser revocado Daniel Quintero, frente a otros que harán todo lo que esté a su alcance para que menos electores vayan a las urnas porque ello garantizará que gane la opinión del “NO” debe Daniel Quintero ser revocado.
Todo lo hecho por unos y otros tendrá, especialmente, el escenario de las redes sociales, sin que el Estado Social y Democrático de Derecho colombiano pueda contar con la orientación de los medios de comunicación, carentes del suficiente interés en informar en contexto para garantizar la práctica de un mecanismo de participación democrática con los elementos de juicio necesarios para “NO” participar o “SÍ” participar, con criterio, aunque, en realidad, los argumentos no sean creídos por los enemigos de una y otra opinión y los estúpidos no los entiendan.
