Por: Jorge Gómez Gallego
Una gran “caja de Pandora” se abrió en la Audiencia Pública Ambiental celebrada el 27 de febrero pasado en el municipio de Amagá, convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para cumplir uno de los requisitos de ley direccionados a otorgar la licencia ambiental al Concesionario de una de las autopistas de las 4G, denominadas “autopistas para la prosperidad”, concretamente para Pacífico 1, que cubre el trayecto entre Bolombolo, corregimiento del Municipio de Venecia a orillas del Río Cauca y Ancón Sur en el Valle de Aburrá.
Que el proyecto no cuenta con lo que se denomina coloquialmente “licencia social” quedó claro después de oír las quejas de los alcaldes municipales, la Veeduría de la Sociedad Antioqueña de Arquitectos e Ingenieros –SAI-, el Comité Cívico de Amagá que agrupa a 26 de las principales empresas privadas del municipio, de los voceros de las Acciones Comunales de las veredas afectadas y de los propietarios de varias parcelaciones. Y aunque las autoridades otorguen los permisos legales, las comunidades no han extendido su aceptación a la obra y no lo harán tal como está concebido y diseñado el proyecto.
El malestar es generalizado. Va desde el reclamo por el altísimo costo de los peajes proyectados; el aislamiento, embotellamiento y aumento en los recorridos y costos de transporte que la obra causará a pobladores de varias veredas y del propio municipio de Amagá; la inminente destrucción de las fuentes hídricas que surten los acueductos del corregimiento de Camilocé y de la Parcelación La Siria en las bocas de uno de los dos túneles; los abatimientos de las pocas fuentes superficiales y profundas por el mismo túnel y por el cierre inminente de la actual vía al Suroeste cafetero del Departamento de Antioquia, causado por la construcción del tramo La Siria – La Sinifaná durante un periodo superior a un año.
Al averiguar detalles del contrato de Concesión y datos de los socios de la firma concesionaria, encontramos las siguientes perlas: un contrato leonino lleno de gabelas para el concesionario y una composición accionaria de Covipacífico que conduce a los mismos “empresarios” que han estafado a Colombia tal y como se registra en varios escándalos, incluso con fallos judiciales, desde el famoso de Commsa en la vía Puerto Salgar – Tobiagrande , el de Fenoco e incluso al Metro de Medellín.
Para disponer del contexto, es necesario hacer una breve reseña del contrato -disponible en el siguiente enlace: Contrato general-. El valor acordado es de más de dos billones de pesos, exactamente $2.087.106’175.109. Sin embargo al analizar los recursos que deben nutrir el Patrimonio Autónomo que manejará la compañía fiduciaria encargada del asunto, estos recursos ascienden, en pesos de hoy, a una suma superior a los tres billones de pesos. Exactamente $3.197.532’680.975. De esa suma, el Estado, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, aporta el 83%, $2.651.342’017.548 y el concesionario únicamente el restante 17%, es decir un poco más de medio billón de pesos.
Los recursos del Estado serán de vigencias futuras presupuestales, mientras los del concesionario procederán de créditos a tasas interés comercial que serán pagados con los recursos provenientes del recaudo de peajes. Tienen además la libertad de gestionar los dineros mediante la emisión de bonos o de cualquier otro método de financiación, que seguramente los suministrará el socio financiero del proyecto, el grupo AVAL de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Claro está, siempre con el respaldo de los cuantiosísimos peajes que tendrán que cancelar los automotores que pasen por los Peajes Amagá y Ancón Sur. A precios de hoy un vehículo liviano que cruce por las casetas destinará $20.000 por recorrer un tramo de carretera que curiosamente no se construirá con recursos del contrato de concesión. En la actualidad este trayecto es convertido en doble calzada gracias a una obra pública financiada 100% con dineros públicos.
En el laberíntico entramado del contrato causa estupor que de los 50 kilómetros que se entregan como concesión a Covipacífico y su constructora Conpacífico, solamente tendrán que levantar 30, ya que el INVÍAS entregará al concesionario para su “mantenimiento y operación”, léase explotación, los otros 20 kilómetros nuevecitos, acabados de hacer y con peaje incluido. Se trata del trayecto Ancón Sur – Camilocé. No tienen la obligación de construir sino el 60% de la vía, aunque por “generosa disposición” del gobierno colombiano, tienen el derecho a usufructuar el 100%.
El asombro crece al hacer las cuentas de lo que valdrá para los colombianos y a los antioqueños esos 30 kilómetros que van a construir con más de tres billones de pesos: cada kilómetro costará cien mil millones de pesos, cada metro cien millones de pesos o lo que es lo mismo, metro de carretera a US$ 30.000. Sin lugar a dudas, la carretera más cara del mundo.
En Europa un kilómetro de carretera de doble calzada con 6 carriles por calzada, en el peor de los casos, cuesta 5 millones de dólares cuando incluye túneles y viaductos. Aquí, dos túneles que no suman 7 kilómetros, con viaductos de menor longitud, van a significar un costo 6 veces más alto. Es un precio escandaloso incluso si la obra fuera totalmente en túneles, que no es el caso, pues solamente los subterráneos representan el 23% del trayecto.
En Colombia el metro de túnel de dos tubos en promedio, no vale más allá de US$ 36.000.
http://maestriainfraestructuravial.usta.edu.co/images/stories/dependencia/tuneles/SON_PTI
Por hoy resumamos: lo que promueve el gobierno Santos como una de las maravillas del momento en Colombia, será una vía que embotella veredas y una parte muy importante de Amagá, aumenta los trayectos de viaje y los costos de transporte de los ciudadanos, va a cobrar el peaje más caro de Colombia, va a partir en dos un centro poblado como Camilocé, va a destruir los acueductos de centenares de familias y desaparecerá las aguas superficiales y profundas de varias veredas, perjudicará la movilidad de toda una subregión durante varios años, en la que al contratista le entregan gratis 20 kilómetros para su explotación junto con otros 30 que construirá, resulta además siendo la más cara del mundo en la relación pesos/kilómetro construido.
Dizque se concesionan las obras porque el gobierno no tiene con qué hacerlas, aunque al descifrar un poco el entramado del proyecto, somos los colombianos quienes las pagamos, incluso por anticipado, y son los concesionarios y las constructoras de su propiedad más los monopolios financieros socios de la concesión, los que terminan trabajando con nuestros dineros y rentando altas tasas de retorno por todo el proceso de estructuración, financiación, construcción y mantenimiento de la vía, a unos precios de fábula.
Por razones de espacio y dada la complejidad del tema, es necesario hacer una segunda entrega en la que hablaré de la estructura societaria del concesionario donde aparece involucrado el mismísimo Florentino Pérez, cabeza del Real Madrid en donde actúa nuestro James Rodríguez.
Periscopio: Las denuncias aquí presentadas refuerzan aún más las razones para participar en el Paro Nacional de este jueves 17 de marzo. Acabar de entregar a los monopolios privados y financieros el control de nuestra red vial, acrecentará el desastre que ha significado lo que se ha hecho en igual sentido con la salud, los servicios públicos, los puertos y las telecomunicaciones.
