Por: Rodrigo Pareja
Estados Unidos, la mayor democracia del mundo y un país ejemplo para el resto del planeta en muchos aspectos, tiene 320 millones de habitantes y una honorable Corte Suprema de Justicia integrada por apenas nueve magistrados, nombrados a perpetuidad por el presidente de la nación luego de un minucioso estudio.
Alcanzar semejante dignidad es algo reservado solo a los más capacitados, los más probos, los más doctos, a quienes a lo largo de un brillante ministerio demostraron las más altas dotes, sin tener que haber recurrido a amiguismos, y al colombianísimo “yo te elijo tu me eliges”.
Colombia, aunque a muchos les duela, llámense ellos juristas, jurisconsultos, togados, tinterillos, oportunistas, abogaduchos y picapleitos, con apenas 48 millones de habitantes, es decir siete veces menos población, se da el despilfarro de tener cuatro altos de esos organismos: Corte Constitucional con 9 integrantes; Corte Suprema de Justicia con 23; Consejo de Estado con 27 y Concejo de la Judicatura con 13.
Y para completar este insólito panorama en el campo de la justicia – en el que por contraste lo que menos se aplica es aquella que se suele denominar pronta y cumplida por cuenta de la invidente Temis – hay que anotar que si se suman consejos seccionales de la judicatura y tribunales, se llega a la increíble cantidad de 852 magistrados.
Si las cosas operaran dentro de la lógica, podría pensarse entonces que Colombia es la nación con la mas pronta y cumplida justicia del mundo, pero sucede todo lo contrario: si se hiciera una calificación donde peor funciona la justicia Colombia encabezaría la degradante lista y con abrumadora ventaja sobre las demás.
Vistos los últimos acontecimientos en las altas esferas de la magistratura, en tribunales inferiores, en juzgados y aún en inspecciones de policía y en las llamadas URI, y sin mencionar nombres propios para no hacer más lacerante el recuerdo, lo único que a los colombianos les provoca todo esto es ganas de llorar.
Desde tiempos inmemoriales se ha oído hablar de la famosa ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente, y también de la sabia sentencia “dura lex sed lex”, dura es la ley pero es la ley, algo que en Colombia va de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, al capricho, valor y gusto de quien la aplica y la recibe.
Una buena muestra de la forma como se ejecuta caprichosamente la justicia en el país, dependiendo de quien delinque y de su capacidad económica, es como se resuelven los homicidios o intentos de homicidios o las graves lesiones muchas de ellas de por vida, ocasionadas por alicorados y potenciales asesinos al volante.
Auto de alta gama e hijo de papi acomodado = multa y algunos meses de casa por cárcel; taxi o carro barato y pobre chofer pelagato = años de prisión y vida destrozada.
Robo de chocolatina en supermercado: cárcel; miles de millones de pesos esquilmados, casa por cárcel o playas en Miami.
Para colmo desde que se decidió extraditar a los paramilitares y su verdad, del panorama judicial colombiano desapareció el testigo: todos, aunque algunos lo sean y de mucho peso, no pasan de ser unos vengativos. Y como el asunto funcionó, aquí en el país se asumió que también todos los testigos son falsos y hacen parte de un cartel.
De modo que en cualquier juicio, solo hay acusado, acusador, defensor, fiscal, vocero de la procuraduría y juez, pero testigo no porque todos están desvalorizados y figuran como miembros de un cartel, así muchos de ellos tengan en sus manos la verdad absoluta.
Pobre Colombia, pobres colombianos con tan miserable justicia.
