Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Según el pasaje bíblico Cristo les dice a sus discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra, y si ustedes se corrompen, ¿cómo evitar que se corrompa el pueblo cristiano?”. Un país como Colombia en el que suceden tantas cosas escabrosas a diario, no extraña que personas inescrupulosas, que las hay en todos los ámbitos, realicen toda clase de desmanes; pero tratándose de otras, precisamente por el oficio que desempeñan, si extraña que se pongan al servicio, o peor todavía, sobrepasen a delincuentes de la peor calaña y escudados en lo que hacen, se pongan a delinquir, y que quede claro que no me estoy refiriendo a ese aspecto de la débil condición humana que nos lleva a cometer errores. No, aquí de lo que se trata es de la meditada decisión de infringir la ley.
Hace unos meses surgió un escándalo, más porque así lo hicieron ver los medios de comunicación que por lo que verdaderamente aconteció, en el que se decía que al interior de la Policía Nacional existía una red de prostitución homosexual, denominada “Comunidad del anillo”, seguramente así denominada de manera caprichosa por algún periodista, en la que oficiales de mayor rango prácticamente obligaban a algunos subalternos a tener relaciones homosexuales a cambio de algunos ascensos, o a la inversa, quienes no comulgaban con tal propuesta, verían truncada la posibilidad de un ascenso, cuando no su segura destitución de la institución. Para la inmoral e ilegal empresa había otros oficiales de mediano rango que servían de enlace. Apareció entonces el nombre del general y entonces director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, como uno de los integrantes de la comunidad, sino su director, (que cara de malgenio si tiene, pero no de homosexual, como lo dije en su momento). Esta “primicia” fue difundida principalmente por la periodista Vicky Dávila, quien aprovechándose que para la época era la directora del programa La F.M. de RCN Radio, le dió todo el despliegue que pudo para hacerle creer a la opinión de los delitos que los integrantes de esta homosexual organización estaban cometiendo, y claro, contó con la ayuda de colegas suyos. Hasta un viceministro resultó vilmente salpicado. Para ese entonces ya se sabía que la periodista mencionada, al parecer, estaba siendo víctima de interceptaciones y seguimientos ilegales, según ella, realizados por miembros del cuerpo armado de naturaleza civil, o sea, la policía. Si sería imparcial el despliegue noticioso?
Hace pocos días se supo por boca del Fiscal General encargado, Jorge Fernando Perdomo, que esa “Comunidad del anillo” nunca existió y la furia de la inolvidable Vichy Dávila contra el funcionario no se hizo esperar, incrementada porque según el mismo Perdomo, aun no hay evidencia de las interceptaciones y seguimientos en contra de la periodista.
Se supo además que dos periodistas, Miller Rubio, que era corresponsal en el noticiero CM&, y Juan Carlos Giraldo (que como se sabe anda de pelea con su compadre Eduardo Montealegre), que fue editor judicial del noticiero RCN y luego trabajó en Noticias Caracol, están siendo investigados por la justicia penal por la presunta comisión de algunos delitos. El primero de los mencionados, que lo veíamos de lunes a viernes en la noche en el aludido noticiero y que exhibía, orgulloso, en la parte izquierda de su pecho, justo encima del corazón, una cadenita que simboliza un rosario que en sus partes extremas se enlazan con la imagen de una virgen y de un crucifijo, también pequeños, se le acusa de pertenecer a la organización criminal del esmeraldero Pedro Rincón, conocido como “Pedro Orejas”, no en vano se le imputó el delito de Concierto para delinquir agravado y se le señala además de servirle, con el poder que su condición de periodista le permitía, a un general de la policía de apellidos Ramírez Calle y de nombres Luis Gilberto, para hacerle un complot y mala atmósfera a otros generales, entre ellos Palomino, que ocupaban cargos que él querría, debido a las envidias y peleas que en todo lado existen. Este señor Rubio es otro de los periodistas que tuvo una activa participación, junto a la Dávila, de dañarle la honra y el buen nombre al general Palomino, haciéndole creer a la gente que era marica, pues mucho le ayudó a la periodista en este cometido, que raya con la comisión de delitos, solo que hasta ahora venimos a saberlo.
Al segundo, esto es, a Juan Carlos Giraldo, que anda en Centroamérica pidiendo asilo, se le sindica, según lo dijo el mismo Perdomo Torres, de querer introducir micrófonos, ilegal y subrepticiamente, en su despacho, lo que no dijo el funcionario es para quién o con orden de quién, que porque como él era directamente la víctima, de momento no daría más información, pero que en esa línea iba dirigida la investigación.
De estos dos de los que se tiene noticia, habrá otros dedicados al oficio del periodismo al servicio de la delincuencia y todavía en la penumbra porque no han sido descubiertos.
Debo admitir, faltaba más, como abogado que soy, que estas personas están amparadas por el universal derecho a la presunción de inocencia. No obstante, por la notoriedad, la importancia y la trascendencia de determinadas profesiones y de quiénes las ejercen, el señalamiento, acompañado de suficiente evidencia, es motivo de preocupación y alarma sociales.
Los periodistas en Colombia han gozado de muchos privilegios y acorazados en el hecho de que no están obligados a revelar su fuente, en el de que son quienes denuncian conductas ilícitas de funcionarios públicos y privados y en la idea de que una sociedad no es libre ni democrática si no se permite el debido ejercicio del periodismo, han abusado de su oficio, han sido inescrupulosos hasta el punto de cometer delitos y han creído y querido que el guante de la justicia no los va a tocar. Es un buen momento para hacer una autocrítica en la que se reconozca que el oficio tiene límites como todo en la vida y que el traspasar la línea de la ilegalidad tiene consecuencias, así como colocar honras en tela de juicio.
Curiosos los extremos pendulares en los que se mueven algunos periodistas: unos, de ser jueces implacables, que no dan posibilidades de defensa ninguna y ante la más mínima sospecha, sin respaldo de prueba, se es culpable y merece ir al cadalso, a otros que se ponen del lado de la criminalidad.