El lunes, 4 de mayo, el Juez 28 Administrativo de Medellín decidirá sobre el Pacto de Cumplimiento solicitado por los habitantes, comerciantes, trabajadores y propietarios de El Arrabal y El Naranjal. Según su apoderado, el exconcejal de Medellín Carlos Alberto Ballesteros Barón, el Juez deberá decidir sobre la suspensión de las obras del Plan parcial de El Naranjal como medida cautelar solicitada por los demandantes, y el reconocimiento a los derechos violados por la Administración de Medellín.
“La Acción Popular instaurada busca que la justicia reconozca que este Plan Parcial, el primero desarrollado en Medellín, está violando derechos fundamentales como el debido proceso, el trabajo, la familia y la participación, entre otros. Este Plan Parcial sufrió modificación sin que pasara por el Concejo de Medellín. Las compensaciones se están haciendo con base en un censo que no fue técnicamente bien elaborado. La Administración destinó recursos para las compensaciones, sin censo, lo que ocasionó que el dinero para el efecto no alcanzara. La participación de todos los afectados no ha sido respetada. En síntesis, las compensaciones no satisfacen los requerimientos de la Corte Constitucional”, afirma Ballesteros Barón.
El Apoderado de los afectados de El Arrabal y El Naranjal está, por supuesto, de acuerdo con el desarrollo, pero sin atropellar a la comunidad. Por eso le recuerda a la Administración que no puede desconocer el artículo 60 del Decreto 1309 de 2009 emitido por la misma Municipalidad, el cual habla de “restablecimiento de condiciones iniciales”, lo cual supone que no se puede desmejorar a los propietarios.
“El Estado puede intervenir pero la población debe tener un tratamientos equitativo y justo. No puede sufrir una carga exagerada so pretexto del progreso de la Ciudad. Estamos hablando de seres humanos con derechos fundamentales, los cuales deben ser respetados. El Plan puede seguir, pero los afectados deben salir de El Naranjal en condiciones iguales o mejores”, insiste Carlos Ballesteros, quien asegura que en las condiciones actuales prevalece el interés de los constructores que están comprando la propiedad por debajo del costo real.
“El juez debe entender ese choque de intereses”, asevera el Apoderado judicial convocando a los afectados a coadyuvar con sus firmas el Pacto de Cumplimiento antes de que se produzca el fallo en primera instancia de la Acción Popular interpuesta por 75 personas.
Los afectados de El Naranjal creen que la coadyuvancia demostrada con muchas firmas, puede llevar al Juez a la convicción de celebrar un Pacto de Cumplimiento en el que el Municipio se comprometa a evitar todos los atropellos hasta ahora demostrados, mediante revisión del censo con veeduría, revisión del decreto de compensaciones con una comisión conformada por las partes y revisión de los mecanismos que amenazan con las expropiaciones.
