Cifras como esta fueron presentadas este lunes 5 de octubre durante la realización del Primer Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza, que tuvo lugar en el municipio de El Peñol y que contó con la presencia de más de 1.500 campesinos provenientes del Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Oriente antioqueño así como de la ciudad de Medellín.
El evento hace parte de las actividades programadas en la segunda versión del Foro Social: “Por la Vida, la Dignidad e Identidad Popular”, que se realiza en Medellín y el Oriente antioqueño desde el pasado 3 de octubre y que se extenderá hasta el 11 del mismo mes. El propósito es manifestarse públicamente contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión al tiempo que promover la movilización de las organizaciones sociales y comunitarias de ambos territorios.
Precisamente el tema de debate en el Primer Encuentro Departamental fue la situación de pobreza y exclusión que viven las comunidades rurales en las subregiones, principalmente aquellas con presencia de megaproyectos auríferos e hidroeléctricos.
Allí, las organizaciones sociales y campesinas del Oriente antioqueño pertenecientes al Equipo de Servicios Públicos Domiciliarios presentaron el documento: “Transferencias, Equidad y Desarrollo Regional”, que recoge los resultados de un diagnóstico rápido participativo realizado con cerca de mil familias de Cocorná, San Luis, Granada y San Carlos, donde se evidencia la pobreza y exclusión que allí se vive, pese a residir en una zona de gran riqueza energética.
Según el documento, en los últimos ocho años más de 110 mil personas han tenido que desplazarse forzosamente del Oriente antioqueño debido a las difíciles condiciones económicas y del conflicto. La pobreza en la zona rural llega al 99% en municipios como Granada, Argelia, Nariño y San Francisco. Trece de las 23 localidades están por encima del 90% de pobreza y miseria y sólo cuatro de ellos están levemente por debajo del 50%.
“En 11 municipios tenemos urgencias y padecimientos en la vivienda; de cada 10 casas, 8 están en mal estado porque no cuentan con un baño digno, ni con cocina; tienen dos piezas para 8 o 10 personas, donde una hace de cocina. El techo está malo y aquella casa campesina de un buen corredor, con piso, con un buen techo, parece hoy un sueño”, señala el texto en sus apartes.
El estudio también hace referencia al mal estado de las vías veredales y municipales; a la falta de dinero para la compra de insumos para los cultivos y a la delicada situación que padecen las familias paneleras.
“Hay un decreto panelero que finalmente lo que logra es aumentar los costos de producción y disminuir el ingreso de la familia campesina (…) el ingreso por familia no pasa de 250 mil pesos, que son invertidos en alimentación, transporte y servicios públicos. Lo demás se hace con las uñas: ir al médico, comprar ropa, comprar insumos para la producción, la recreación sencillamente no existe para los niños y las niñas”, continúa la investigación.
Altos contrastes
Las cifras contrastan con los cerca de 337 mil millones de pesos que empresas como Isagén y EPM le han transferido a los municipios y la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare (Cornare) en los últimos 15 años por concepto de transferencias de Ley 99 de 1993.
Dicha Ley contempla que las empresas de energía hidroeléctrica con capacidad para generar más de 10 mil kilovatios deben transferir el 6% de las ventas brutas, con la tarifa que señale la Comisión de Regulación Energética (Creg), a los municipios localizados en la cuenca hidrográfica (un 3%) y a las corporaciones autónomas regionales (otro 3%).
Los rubros, tal como lo reglamenta la Ley, deben ser invertidos por los municipios en proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, mientras que las corporaciones autónomas regionales sólo pueden destinar estos recursos en la protección de las cuencas hidrográficas.
Pero a juicio de las comunidades, estos dineros no han ayudado a impulsar desarrollo regional sino que, por el contrario, están destinados a cuidar el negocio hidroeléctrico. “Un ejemplo que ilustra esta situación es que en el Oriente antioqueño no existen veredas que cuenten con alcantarillado, no existen proyectos para mejorar los acueductos comunitario. Por el contrario, existen hoy leyes que quieren acabar con ellos”, agrega el texto.
Esto último en referencia al Decreto 3200 del 29 de Agosto de 2008, mediante el cual se crean los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua, proyecto que muchos califican como una “apuesta por la privatización del servicio de acueducto”.
“Lo anterior implica que los acueductos veredales y comunitarios deben ser manejados por micro-operadores, más tecnificados y con niveles más complejos de organización, aspectos que los campesinos obviamente no tienen”, explica Juan Pablo Clavijo, integrante del Instituto Popular de Capacitación (IPC), presente en el evento.
Pero si los estudios sobre pobreza y miseria en el territorio causaron preocupación, las quejas de los asistentes sobre las altas tarifas de los servicios públicos despertaron mayor inquietud. “Desde que EPM comenzó a operar la red de energía que manejaba la Empresa Antioqueña de Energía Eléctrica (Eade), las tarifas se han ido incrementando paulatinamente. Hay casas de familias que hace dos años pagaban 10 mil pesos y hoy les están cobrando 160 mil pesos. Eso es impagable para un campesino”, sostiene Benito Guarín, líder comunitario del Oriente.
Y eso que, de acuerdo con el dirigente campesino, en esta subregión del departamento la dificultad radica en las altas tarifas. “EPM ha llevado el servicio a muchas veredas, es verdad, pero lo está cobrando muy caro. Pero diga usted en el Nordeste, donde hay gran parte del territorio sin energía eléctrica. La lucha de ellos es porque les lleven el servicio”, comenta Guarín.
