Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
En nuestro medio es bien común que algunas personas ocupen determinados cargos públicos y luego aspiren a otro, así el cargo dejado y el que van a ocupar exija conocimientos distintos a los que ellos tienen, en otras palabras, así no tengan el perfil, no tienen empacho en nombrarlos o elegirlos y el designado en ocuparlo. No puedo afirmar que en todos los campos del conocimiento ello ocurra, pero en el medio en el cual me desenvuelvo, que es el jurídico, sí sucede a cada rato y no se necesita ser experto en el tema para darse cuenta de la veracidad de lo aquí afirmado. Decía y con mucha razón un profesor que tuve en la Universidad Externado, que en Colombia un político se volvía muy fácilmente jurista, no lograba, por ejemplo, ganar una curul para el congreso de la república y le picaba el bicho de ser magistrado de una corte y comenzaba el lobby donde fuera a hacerse la elección para conseguir ser el elegido. No es un secreto para nadie que en las cortes colombianas llegaron y llegarán personajes que en su vida no han despuntado en la carrera jurídica, si mucho un título de abogado y de pronto una especialización, son conocidos porque han estado en el mundo de la política, logran llegar a esos cargos y como por arte de magia, se vuelven juristas, como decía mi profesor. No es sino recordar el que todavía se resiste a desaparecer, Consejo Superior de la Judicatura, al que fueron a parar varios políticos que fueron miembros de la cámara de representantes y todavía están allí administrando justicia y lo propio hay que decir de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, órganos que todo el mundo respetaba y al que llegaban los mejores y era sinónimo de terminación de una carrera exitosa, para ver lo que se han vuelto ahora, se han colado políticos y corruptos de cero en conducta y se pavonean por los medios judiciales, en foros, en universidades, hasta ellos mismos creyéndose el cuento de que son todo unos juristas y por lo mismo respetables magistrados.
Pero es más grave la situación contraria, que juristas de verdad, respetables magistrados o excelentes funcionarios públicos, autores de libros serios, terminen, no tanto metidos en la política, sino una vez en ella, con los vicios y el cinismo de muchos de los que están en este medio. Son bastante recordados los casos de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, a la sazón ex fiscal y ex vice fiscal general de la nación, respectivamente, que siendo grandes y respetables juristas, llegaron a sendos cargos públicos y se dedicaron a hacer política en los mismos y a ejecutar acciones reprochables, suficientemente conocidas por la opinión pública. El más reciente caso es el del nuevo Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, extraordinario litigante, que ejerció en Medellín, dicen que no perdía un caso en las demandas que presentó en contra de la nación (la que ahora representa), excelente profesor universitario, con méritos de sobra para ser magistrado del Consejo de Estado y últimamente se desempañaba como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicen que sus prácticas politiqueras comenzaron, cuando junto con otros colegas del Consejo de Estado, le amplió a Montealegre el período para que se quedara en la fiscalía 4 años, cuando en principio había sido elegido para terminar el tiempo que le faltaba a Viviana Morales, cuya elección como fiscal general hecha por la Corte Suprema de Justicia, fue anulada por la corte a la que perteneció Gil Botero y eso le valió posteriormente a este último un contrato que le dió Montealegre en la fiscalía por valor de 751 millones de pesos, “yo te ayudo, tú me ayudas”, podría decirse parodiando el “yo te elijo, tú me eliges”. También, al igual que Montealegre, se opuso radicalmente a la creación de un Tribunal de Aforados, que por lo menos en teoría era una propuesta bien intencionada y que buscaba darle aplicación a un regla de elemental entendimiento en cualquier democracia: que nadie puede estar por encima de la ley y sin quien lo investigue y juzgue, como es el caso de muchos funcionarios en Colombia, incluidos los magistrados de las cortes, fiscal general, etc. Se entenderá la brutal oposición al nacimiento de este tribunal. Ahora es el flamante Ministro de Justicia, dejarse filar por Santos, era lo que faltaba.
A todas estas uno se pregunta: qué se le pasa por la cabeza a estas personas, juristas reconocidos, respetados y admirados por mucha gente, con un lugar ganado, para hacerse del otro lado y exponer de semejante manera tantos años de disciplina y de merecidos éxitos y reconocimientos?