La Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió condena contra el Estado colombiano en el caso del asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo. La decisión se tomó durante las sesiones de los pasados 24 y 25 de noviembre. Según le dijo a SINERGIA INFORMATIVA la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos de Medellín, María Victoria Fallón, el hecho es histórico porque es la primera vez que la Corte falla en un caso colombiano en el que la víctima es un defensor de derechos humanos, a pesar de que Colombia es el país donde más violaciones se cometen contra quienes defienden los derechos humanos.
Jesús María Valle, era abogado penalista. Cuando fue asesinado ejercía como presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, cargo que había asumido desde 1988, después de que fueran asesinados los presidentes del Comité Héctor Abad Gómez, Luis Fernando Vélez Vélez y Carlos Gónima.
Entre 1994 y 1998, Valle Jaramillo había denunciado públicamente acciones conjuntas en Ituango, municipio del norte de Antioquia, de tropas de la IV Brigada del Ejército y grupos paramilitares. También había denunciado la complicidad del ejército y los paramilitares en las masacres de la Granja (1996) y El Aro (1997), ambos corregimientos de Ituango.
Las anteriores denuncias fueron presentadas ante los entonces comandantes de la IV Brigada del Ejército, generales Alfonso Manosalva y Carlos Alberto Ospina, y ante el gobernador de Antioquia y actual presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En consecuencia, de acuerdo con la comunicación del GIDHM, Valle fue señalado públicamente como enemigo de las fuerzas armadas y acusado penalmente por calumnia. Al día siguiente de haber rendido versión libre ante una fiscalía seccional, el defensor de derechos humanos fue asesinado en su oficina ubicada en el centro de Medellín.
En junio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las masacres de Ituango, precisamente por los mismos hechos que Valle denunció y que le costaron la vida, afirmó el GIDHM que dirige María Victoria Fallón.
En sus versiones libres, los paramilitares desmovilizados y amparados por la Ley de Justicia y Paz, corroboraron la participación de los generales Manosalva y Ospina en las masacres de Ituango. Por su parte, Salvatore Mancuso –según el comunicado del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos de Medellín- señaló en su versión libre que el día que comenzó la incursión paramilitar en El Aro, había un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá implicar para el gobierno investigar el homicidio en un contexto de persecución por sus denuncias y por la complicidad entre paramilitares, ejército y las autoridades de ese entonces, precisó el GIDHM.
