Extrañado recibió el representante a la Cámara, Óscar de Jesús Marín, la noticia que el Gobierno radicó en el Senado, este lunes, 12 de abril, un Proyecto de Ley que busca aumentar el presupuesto de las universidades públicas. Además, tomó con suspicacia las palabras de la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, quien dijo que “el Proyecto de Ley busca aumentar la cobertura en la educación superior a través de mayores recursos para las universidades”.
Óscar de Jesús Marín le recuerda al país la lucha que él y algunos congresistas protagonizaron el año pasado, precisamente en defensa del presupuesto para la ampliación de cobertura, la formación de docentes, el fortalecimiento de la investigación y el crecimiento en la infraestructura física de las 32 universidades públicas de Colombia. El Congresista antioqueño aseguraba que el billón 900 mil millones de pesos con que contaban las universidades, no era suficiente, por lo que insistió en que “el Presupuesto Nacional para 2010 debía tener un incremento del 5 % adicional sobre la base, equivalente a 125 mil millones de pesos”.
“Pero el Gobierno tuvo oídos sordos a esta realidad ampliamente justificada en los estudios del Sistema de Universidades Estatales -S.U.E.-, los cuales demostraban que los incrementos del presupuesto anuales debían hacerse sobre la base y, mínimo, de acuerdo con la inflación más el 5.5 % adicional. Finalmente dijo haberles asignado 160 mil millones de pesos, lo que en realidad fue el pago de algunas deudas”, según explica Óscar Marín:
- 42 mil millones corresponden al 2% que las mismas universidades tributaban al ICFES antes de la reforma a la Ley 30 de 1992, y que ahora tienen como destino el Ministerio de Educación, que se encarga de distribuirlo nuevamente entre las universidades
- 30 mil millones de pesos para que COLCIENCIAS cofinancie los proyectos de investigación de las universidades (que tengan presupuesto para investigación)
- 18 mil millones de pesos corresponden a la deuda que el Gobierno Nacional tiene con las universidades para el pago de los incentivos electorales, que son el resultado de los descuentos que éstas hacen a los alumnos que presentan el certificado de votación
En consecuencia, el Gobierno sólo les asignó, a regañadientes, 70 mil millones de pesos, manejados y distribuidos por el ICFES.
“Por eso me extraña y me genera dudas que ahora, en pleno período electoral, el Gobierno se muestre tan comprensivo y abierto con las universidades públicas, cuando apenas hace cinco meses fue tan reacio a asignarles un buen presupuesto”, concluye el representante Óscar de Jesús Marín.
